La CE quiere reducir la burocracia en litigios comerciales
La Comisión Europea ha propuesto este martes reducir la burocracia en litigios civiles y comerciales transfronterizos con el objetivo de ahorrar a las empresas hasta 12.000 euros por caso. En concreto, Bruselas pide suprimir el complicado procedimiento de 'exequátur' para el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre los Estados miembros.
"Mi objetivo es que en 2013 las sentencias en materia civil y comercial se puedan ejecutar de manera efectiva, rápida y asequible desde el punto de vista económico en la UE, ya sean dictadas por un tribunal nacional o de otro Estado miembro", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding.
Según la normativa actual, una sentencia dictada en un Estado miembro no tiene efecto automáticamente en otro, sino que antes es necesario un paso intermedio especial, el 'exequátur', mediante el cual un tribunal del Estado miembro en el que se ejecutará tiene que validarla y declararla ejecutable.
En casos complejos, este procedimiento puede llegar a costar hasta 12.700 euros en honorarios a abogados, traducción y gastos procesales. Además, es posible que en algunos países se tarden meses en reconocer y en ejecutar la sentencia. En casi el 95% de los casos, este procedimiento no es más que un mero trámite.
Por todo ello, la Comisión propone su supresión. Esto significa que, en el futuro, las sentencias en materia civil y comercial dictadas por un tribunal en un Estado miembro se ejecutarán automáticamente en toda la UE. Los tribunales podrán detener la ejecución de una sentencia, pero solo en circunstancias excepcionales (como la violación del derecho a un juicio justo por parte del tribunal que dictó la sentencia en el extranjero).
La abolición del 'exequátur' permitirá ahorrar hasta 48 millones de euros al año y facilitará los negocios transfronterizos, en concreto para las pymes, según Bruselas.
La Comisión quiere además mejorar la protección de los consumidores en lo que respecta a litigios que impliquen a países que no pertenecen a la UE. De acuerdo con la reforma normativa propuesta, en las relaciones entre un consumidor domiciliado en la UE y una empresa establecida fuera de la UE, en el futuro, los tribunales del país en el que el consumidor está domiciliado tendrán jurisdicción, sea cual sea el Estado miembro.
El Ejecutivo comunitario quiere finalmente aportar seguridad jurídica a los acuerdos de elección de foro entre empresas y garantizar a las empresas que la elección del tribunal de arbitraje estará protegida contra la litigación abusiva.