EDITORIAL

Más control y transparencia de las regiones

El objetivo de cerrar el año con un déficit fiscal del 9,3% parece asegurado. Al menos eso considera el Gobierno, que constata que las comunidades autónomas en conjunto no sobrepasarán el 2,4% que tienen asignado. Sin embargo, no todas hacen sus deberes por igual: dos -Murcia (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE)- lo sobrepasarán seguro, y otras cuatro -Canarias (CC), Valencia (PP), Galicia (PP) y Castilla y León (PP)- aprobarán raspando. La decisión del Ejecutivo de impedir que las incumplidoras puedan endeudarse si no ajustan sus cuentas con estrictos planes de austeridad es una medida acertada por mucho que alguna diga sentirse injustamente tratada. En definitiva, se les exige el mismo esfuerzo financiero que Bruselas ha impuesto al Gobierno español.

Pero si en 2010 parece que se respetarán los objetivos de revisión fiscal, el problema se atisba para 2011, cuando el plan de austeridad concentra su mayor esfuerzo y rebaja el déficit del 9,3% al 6%. Para evitar desmanes, el Ministerio de Economía y Hacienda ha establecido un límite de emisión de deuda a las comunidades autónomas del 1,3% -equivalente al déficit presupuestario en que podrán incurrir- siempre y cuando se atengan a las previsiones de desvío presupuestario. Y para garantizar que cumplen, deberán presentar trimestralmente sus cuentas al departamento de Elena Salgado. Es de esperar que esto permita prevenir males mayores a final de año. Además, se establecerá un criterio homologado en la presentación de las cuentas autonómicas con las del Gobierno central.

Las vías de vigilancia presentadas por la vicepresidenta económica lanzan un excelente mensaje a los mercados y a los socios comunitarios, temerosos de que las Administraciones territoriales españolas se zafen de sus compromisos de austeridad presupuestaria. Así las cosas, es necesario en pro de la transparencia que los datos se hagan públicos al mismo tiempo que la ejecución presupuestaria del Gobierno central. Los españoles tienen el derecho de conocer cómo se gastan los fondos públicos y las Administraciones el deber de rendir cuentas.

La financiación del déficit fiscal de las autonomías es caro, casi un punto por encima de la deuda soberana española. Algunas comunidades, como Cataluña y Galicia, se acercan incluso al coste del bono portugués. Desde marzo hasta ahora su rentabilidad se ha incrementado de media en 150 puntos básicos, y si los mercados no se tranquilizan tendrán fuertes dificultades para colocar nuevas emisiones. Esto agravaría la débil imagen de España, pues los mercados no solo son sensibles a la deuda soberana. Los Gobiernos regionales están en la ineludible obligación de contribuir responsablemente a que España recupere la confianza perdida.