Los mercados exigen un plus de credibilidad
El mundo mira a España cuando habla de Irlanda o Portugal. Esa es la opinión del departamento de renta fija de JP Morgan Asset Management. Lo cierto es que la economía española supone el 11,5% del PIB total de la UE y un rescate a España supondría un problema sistémico para el conjunto europeo. La deuda pública española superará los 600.000 millones de euros a finales de este año y se aproximará a los 700.000 millones (68,7% del PIB) a finales del próximo. Además, en 2011 las emisiones del Gobierno superarán los 190.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros cerca de 30.000 millones de las comunidades autónomas. Nada que ver con las necesidades financieras de Irlanda, Grecia o Portugal. Son volúmenes considerables que los mercados miran con temor. Pero, ¿hay razones para ello? En absoluto. En ningún caso se plantea, ni remotamente, la posibilidad de que España tenga necesidad de un rescate por parte de sus socios, como ha sucedido con Grecia e Irlanda. Todos los organismos internacionales y los propios analistas se afanan en diferenciar España de estos dos países de la zona euro. Es la demostración de lo obvio. El ratio de deuda pública española está 20 puntos por debajo de la media comunitaria y el déficit fiscal, que creció hasta el 11,1% en 2009, se está corrigiendo adecuadamente durante el presente ejercicio gracias al cumplimiento de los duros planes de ajuste fiscal aprobados por el Ejecutivo.
Sin embargo, las dudas sobre el crecimiento de la economía española para los próximos años son una losa que pesa sobremanera en los análisis de riesgo de muchos inversores internacionales. Eso explica en parte las ventas de deuda española en los mercados secundarios en el último mes, aumentando la rentabilidad de un 4% al 4,6%.
España necesita un nuevo empujón de credibilidad que le devuelva la confianza internacional. Se está agotando el rédito de imagen obtenido con la política de ajustes, con reformas como la laboral o la reestructuración de las cajas de ahorros, o con el ejercicio de transparencia de publicar, a diferencia de otros países comunitarios, los test de estrés de la totalidad de las entidades financieras. La eficacia de estas iniciativas se puede medir ya en la mejora de la ejecución presupuestaria.
Pero los insaciables mercados detectan que languidece el impulso reformador del Gobierno, que en primavera comprometió una batería de cambios estructurales sin los que será imposible acelerar la recuperación económica. En este contexto, José Luis Rodríguez Zapatero sorprendió ayer en el Congreso de los Diputados cuando, en un debate monográfico sobre el empleo, anunció que el Consejo de Ministros aprobará hoy un "plan de acción" para los próximos 15 meses. Igualmente, presentó un conjunto de nuevas medidas, como la ampliación hasta 2015 y la generalización de la libertad de amortización para las nuevas inversiones empresariales o la exoneración del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto se actos jurídicos documentados para las ampliaciones de capital en cualquier empresa.
A nadie se le escapa que el plazo para este plan coincide con lo que queda de legislatura, y que buena parte de las medidas ya están en distintas fases de elaboración. Lo positivo es que ahora se podrá tener un calendario detallado para su aprobación o aplicación. Eso, y la voluntad expresa del presidente del Gobierno de sacarlas adelante con o sin acuerdo de los agentes sociales o del arco parlamentario. En esta línea, Zapatero citó específicamente la reforma energética, que se aprobará "en semanas" aunque no cuente con el visto bueno de PP, con el que actualmente negocia, o las reforma de las pensiones, pendiente de la determinación del Pacto de Toledo.
Es imprescindible que los plazos que marque hoy el plan de acción sean de urgencia. Si nos atenemos a lo expresado ayer por Zapatero, la mayoría de las medidas deben estar listas antes de que finalice el año, y el grueso de las restantes en el primer trimestre del próximo. La razón de esta urgencia la esgrimió ayer con toda nitidez el presidente del Ejecutivo cuando reconoció que "la mejora es aún tan leve que no asegura un cambio irreversible de tendencia". Y es que una recuperación cuestionada y 4,6 millones de parados solo pueden inspirar urgencias.