Un ejercicio muy difícil para el comercio
La gran distribución y, por extensión, una de sus principales proveedoras, la industria agroalimentaria, han descontado ya que el próximo año continuará la cruenta guerra de precios que perdura ya tres ejercicios, los mismos que lleva anémico el consumo de las familias. Semejante desazón se ha transmitido en el XXV Congreso de la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc) celebrado anteayer y ayer en Madrid. Sin embargo, lejos de caer en el desánimo, las empresas han modulado con diligencia y efectividad su gestión para capear una crisis a la que le cuesta dar muestras de remitir.
Los más de cuatro millones de parados y el temor a que continúe aumentando la cifra de desempleo son una losa sobre los planes de consumo de las familias. Ante semejante perspectiva, el precio se ha convertido en la principal estrategia para atraer consumidores. La distribución se apresuró en 2008 a ajustar sus costes para mantener ofertas competitivas, lo que desató una guerra a la que el sector confiaba en poner fin este 2010. Pero el retraso de la recuperación económica ha forzado aún más los precios a la baja. La situación se ha complicado además por el encarecimiento internacional de las materias primas, que se traduce en subidas en muchos alimentos, y el aumento del IVA desde julio, que un buen número de cadenas ha preferido no repercutir sobre sus clientes. Todo ello ha mermado unos márgenes ya desgastados.
La certeza de que esta guerra de precios se extenderá a 2011 significa, de facto, que el comercio duda que el consumo de los hogares vaya a crecer un 1,8% el próximo año y que se generen 40.000 empleos netos como defiende el Gobierno. Su estimación parece acercarse más a las de los servicios de estudios que rebajan a la mitad el optimismo plasmado en el proyecto de Presupuestos.
Sería bueno que en vez de fiarse de unas cifras de crecimiento discutidas, el Ejecutivo adoptase medidas que contribuyan a aliviar un sector al borde de la extenuación. La reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista derivada de la Directiva de Servicios, que entró en vigor el pasado 1 de marzo, supone un avance tímido para la liberalización que pretendía. La potestad reglamentaria de las comunidades autónomas -dotadas de la facultad de establecer limitaciones técnicas a la apertura de centros comerciales- ha generado una dispersión normativa indeseable. Y especialmente ha contribuido a generar cargas burocráticas que deberían haber desaparecido precisamente con la nueva norma.
El sector precisa seguir su modernización y continuar su adaptación al mundo online, pero es difícil acometer estos procesos cuando escasean las facilidades administrativas.