Intolerantes con el fraude fiscal

Algo menos de la mitad de los 659 contribuyentes que tenían ocultos a los ojos de Hacienda fondos en el banco HSBC de Suiza han optado por regularizar su situación fiscal, abonando conjuntamente 260 millones de euros. Los 359 restantes han optado por enfrentarse a la inspección tributaria, arriesgándose así a que se les acuse de delito fiscal. Para que tal cosa suceda es preciso que el fraude supere los 120.000 euros en un año y que se haya producido dolo. Ambas cosas deben ser demostradas ante el juez, mucho más garantista que la Administración tributaria, lo que podría explicar que la mayoría de los atrapados en el gigantesco fraude de HSBC hayan preferido correr el riesgo.

El fraude fiscal es una rémora social y debe ser perseguido con dureza por la Administración y condenado por la sociedad en su conjunto, pues no cabe justificar la actitud tramposa de algunos contribuyentes. Pero obviamente, siempre habrá gente dispuesta a engañar al fisco si considera que el beneficio compensa el castigo. Ante ello, es preciso que la inspección sea contundente y las responsabilidades, económicas e incluso penales, contundentes. En este sentido, la colaboración de las Haciendas de los países de la UE, que han permitido desmontar esta trama, es un avance incalculable.