Berlín y París pactan un fondo de rescate permanente para la zona euro
Alemania aceptó ayer la creación de un fondo de rescate permanente para los países de la zona euro. A cambio, Francia acepta sanciones políticas, incluida la suspensión del derecho de voto, para los países que violen el Pacto de Estabilidad.
Angela Merkel y Nicolas Sarkozy volvieron ayer a demostrar que, para bien o para mal, nada trascendental se mueve en la Unión Europea sin la aquiescencia de Berlín y París. Los dos líderes del eje franco-alemán cerraron anoche en la ciudad normanda de Deauville un acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad que sienta las bases para la futura organización de la zona euro.
La canciller alemana, según el texto conjunto suscrito por los dos países, acepta la creación "de un mecanismo permanente y robusto para asegurar el tratamiento ordenado de las crisis futuras, incluidos los arreglos necesarios para una participación adecuada del sector privado".
Berlín se rinde así a la evidencia de que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, creado a raíz de la crisis griega y dotado con 500.000 millones de euros, sobrevivirá de manera perenne más allá de su actual fecha de caducidad en 2013. A cambio, Merkel ha logrado el apoyo del presidente francés para una reivindicación alemana que hace unos meses parecía tan inalcanzable como la creación de un fondo permanente de rescate europeo.
"En el caso de una violación grave de los principios de la Unión Económica y Monetaria", sentencia el acuerdo franco-alemán, "se podrá suspender el derecho de voto en el Consejo de Ministros de la UE del derecho de voto del Estado afectado".
Las dos reformas requieren un cambio del Tratado de la Unión Europea. Pero ni Berlín ni París parecen dispuestos a que esa dificultad frene sus respectivos planes. Y ayer encomendaron al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, la tarea de presentar "propuestas concretas para el establecimiento de un mecanismo robusto de resolución de crisis", eufemismo para referirse al fondo de rescate o de gestión de la suspensión de pagos de alguno de los socios de la zona euro. Y el en cargo tiene un plazo perentorio: "antes de la reunión del Consejo Europeo de marzo de 2011", exigen Merkel y Sarkozy. E incluso prevén que la ratificación de la reforma, que debe ser aprobada por los 27 países de la Unión, esté concluida "en tiempo útil antes de 2013".
Ese calendario sería factible si la creación del fondo permanente y la introducción de la suspensión del derecho de voto se incorpora al Tratado de ingreso en la UE de alguno de los actuales candidatos. La posibilidad más realista sería la adhesión de Croacia, prevista para 2012.
Competitividad
El acuerdo franco-alemán también enmarca el futuro Pacto de Competitividad, que afectaría a los países con graves desequilibrios macroeconómicos (en balanza corriente, burbujas inmobiliarias, etc.).
París y Berlín señalan que el sometimiento a vigilancia de un país en esos casos "deberá ser discutido por el Consejo Europeo". Las posibles serían disuasorias, pero no económicas según el acuerdo del Grupo de Trabajo de Van Rompuy.
Multas, pero no automáticas
El grupo de trabajo para la reforma del Pacto de Estabilidad, dirigido por el presidente del consejo Europeo Herman Van Rompuy, acordó ayer el endurecimiento de las sanciones contra los países que violen los límites de déficit públlico (3% del PIB) o de deuda (60% del PIB). Pero tal y como exigió Francia, con el apoyo, entre otros países, de España, la aplicación de las sanciones no será automática, sino sujeta a una decisión política de los ministros de Economía de la UE.Bruselas, con el apoyo de Berlín y del Banco Central Europeo, pretendía una aplicación cuasi automática de unas sanciones que pueden oscilar en el 0,2% y el 0,5% del PIB del país infractor. Para ello, la propuesta inicial otorgaba el control de las sanciones a la Comisión Europea y sólo se podían frenar con un acuerdo de la mayoría de los países. El acuerdo final devuelve la iniciativa al consejo de ministros de la UE, que será el encargado de poner en marcha o no el mecanismo sancionador tras conceder seis meses al país infractor para actuar.