Servicio al ciudadano
La eficacia y la eficiencia con que funciona el sistema económico y social dependen de la calidad de la organización y gestión de las Administraciones públicas.
Las exigencias de mayor eficiencia no provienen únicamente del ejemplo de otros países que han construido administraciones más eficaces, modernas y competitivas; los ciudadanos también son cada vez más exigentes en su relación con la Administración, de la que esperan servicios de mayor calidad. Y lo que las administraciones deben hacer no es tanto allegar más recursos a detraer de los ciudadanos, sino hacer un uso más eficiente de los que tienen.
Las reformas necesarias deben realizarse en los dos niveles de las Administraciones territoriales y en la relación de éstas con la Administración central. El intenso proceso descentralizador de competencias desde la Administración del Estado hacia las comunidades autónomas ha postergado el desarrollo de las responsabilidades de las corporaciones locales. Por ello se debe iniciar la que podría denominarse "segunda descentralización". Hay que impulsar tanto una mejor definición de las competencias de las Administraciones locales como una modernización de sus fuentes de financiación. Hasta ahora, los ayuntamientos han ido haciéndose cargo de competencias en la medida en que otras administraciones no podían atender determinadas necesidades de la población. Esa situación resulta, cuanto menos, ineficiente. Es, por tanto, necesario elaborar una lista de competencias de las corporaciones locales que, aunque flexible, sea suficientemente clara.
¿Cómo se financiarán las corporaciones locales en un nuevo marco competencial? Pues sencillamente mediante el incremento real de su corresponsabilidad fiscal: habrá que dotarlas de una mayor capacidad recaudatoria, pero sin producir ningún aumento de la presión fiscal del conjunto de las administraciones. La solución pasa entonces por redistribuir los ingresos tributarios entre los tres niveles de la Administración, incrementando la participación de las corporaciones locales en la recaudación de determinados tributos.
En cuanto a las comunidades, éstas cuentan con unos niveles de autonomía superiores incluso a los de algunos Estados federales. Sin embargo, el proceso descentralizador parece que no termina nunca de cerrarse, con la consiguiente incertidumbre, el recurso permanente al victimismo y la tendencia a la emulación entre comunidades: todas quieren tener las mismas competencias que la que más tenga, que, a su vez, siempre desea permanecer en una posición diferencial.
Es preciso cerrar el modelo y eso significa cegar las vías por las que las comunidades autónomas pueden reclamar nuevas competencias de forma permanente. Debe reformularse y cerrarse definitivamente el cuadro de competencias en los tres niveles de la Administración: central, autonómica y local, de forma que las comunidades dejen de ocuparse en reclamar más competencias para ocuparse de gestionar eficazmente las que ya tienen. Y la distribución de competencias debe tener como criterios orientadores la igualdad de trato (la garantía de que todos los ciudadanos tendrán acceso a un nivel mínimo de servicios públicos) y la corresponsabilidad fiscal (mayor capacidad de decisión en el ámbito tributario para lograr la autonomía financiera de las comunidades y que éstas, de ese modo, sean quienes respondan ante sus ciudadanos).
Esto implica cerrar también el modelo en lo que respecta a las transferencias del Estado, impidiendo que se puedan incrementar por las presiones políticas, lo que a su vez desincentiva la austeridad y racionalidad del gasto autonómico.
En la construcción de ese sistema estable y suficiente debe evitarse que la autonomía fiscal de las comunidades y las corporaciones locales ponga en peligro la integridad fiscal del Estado. Esto es, la regulación autonómica no puede primar sobre la estatal ni pueden quitarse al Estado sus competencias regulatorias y recaudatorias en el territorio de las comunidades.
Esa integridad y la unidad del sistema requerirán un esfuerzo adicional de coordinación. Hasta ahora, el desarrollo del Estado autonómico se ha enfocado a la descentralización competencial, asignando poca relevancia a la coordinación. Pero ésta es imprescindible para una eficiente gestión de las competencias y una racionalidad en el gasto. Y como no parece probable que una coordinación rigurosa se genere por iniciativa espontánea de las comunidades, será necesario que el Gobierno dicte las reglas y establezca los mecanismos adecuados que obliguen a su cumplimiento.
Fernando Eguidazu. Vicepresidente del Círculo de Empresarios