Un pacto necesario
Es necesario un pacto de Estado para reformar en profundidad el sector público? La crisis económica ha acelerado el debate. Qué tipo de servicios públicos exigen los ciudadanos y qué Administración los presta. El objetivo es evitar duplicidades y redundancias entre las diferentes administraciones -central, autonómica y local-, que no necesariamente repercuten en una mayor eficacia y eficiencia. Multiplicación de centros de poder y multiplicación de normas: se calcula que en España hay más de cien mil vigentes. Uno de los ejemplos más recurrentes es la proliferación de oficinas comerciales autonómicas en España y en el extranjero: en Pekín se llegaron a abrir 15 delegaciones españolas durante los años de bonanza económica.
Con la crisis, se acabaron los lujos. El conjunto de las Administraciones públicas cerró 2009 con un déficit del 11,1% del PIB, y en el programa remitido por el Ejecutivo español a Bruselas se asegura que se podrá reconducir hasta el 3% en 2013. Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en mayo un fuerte recorte del gasto, con medidas como la rebaja del sueldo de los funcionarios y congelación de las pensiones, ya dejó claro que las regiones también deberían sumarse al esfuerzo.
En los últimos dos años el sector público español ha estado sometido a una tensión financiera que no había tenido hasta entonces; la crisis ha afectado especialmente al sistema tributario, con caídas de ingresos en todas las Administraciones. La organización interadministrativa parece más necesaria que nunca. España ha protagonizado durante los últimos años la más importante transformación descentralizadora del poder político que haya conocido Europa. La obra La España de las Autonomías, editada por el Instituto Internacional de Ciencias Políticas, ilustra como nuestro país dejó atrás la tradición de país centralista y con tics totalitarios para lanzarse a partir de 1978 a la construcción de un Estado de las Autonomías que permitía a las comunidades autónomas asumir un nivel de competencias equiparable con los desarrollos más federalistas de nuestro entorno. Un desafío conseguido, además, con gran rapidez y amplio consenso político y social.
Ese rápido proceso descentralizador hacia las comunidades autonómicas se da al tiempo que los ayuntamientos van asumiendo servicios que les competían y otros que entendían no se prestaban adecuadamente a ciudadanos. El resultado, según pone de manifiesto Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructura de Gobierno y Sanidad de KPMG en España, son tres niveles que acaban interviniendo. Para que quede más claro: las competencias de Sanidad se han transferido a las comunidades, pero sigue existiendo un Ministerio de Sanidad y también los ayuntamientos tienen responsabilidades, como controles sanitarios en edificios o industrias.
En el documento Reflexiones y propuestas para la próxima legislatura, elaborado por el Círculo de Empresarios en febrero de 2008, se pone de manifiesto como "la descoordinación ha sido uno de los mayores lastres en todo el proceso descentralizador y ha supuesto una muy significativa pérdida de eficiencia. Además de conducir a un despilfarro de recursos por la provisión ineficiente de servicios y bienes, ha dificultado el normal desarrollo de la actividad económica".
Al final, ha sido la necesidad de recortar el gasto público lo que ha sacado a la luz el debate sobre la mejora de la organización administrativa del Estado. Se han escuchado opiniones a favor de la reducción de ministerios, sobre el papel de ayuntamientos, diputaciones o cabildos, incluso sobre la devolución por parte de las comunidades autónomas de parte de sus competencias a la Administración central. Las diferentes propuestas llegan desde el Gobierno y la oposición.
Así, antes del verano, el ministro de Fomento, José Blanco, intervenía en la polémica generada a cuenta de la desaparición de las diputaciones pidiendo una reflexión sobre "nuestro modelo de Administración, donde pueden darse duplicidades y si hay entidades que se pueden suprimir". Blanco se preguntaba si ¿tiene sentido en una Administración tan descentralizada que sigan existiendo las diputaciones provinciales? En conjunto, los ingresos de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) proceden en un 55,6 % del Estado y el 27,7% de las autonomías.
Una de las conclusiones que el debate deja es que ha llegado la hora de cerrar el modelo autonómico concretando las competencias locales mediante un gran pacto institucional. Hace dos semanas, el Partido Popular proponía un diálogo sobre un nuevo modelo de financiación local, la sostenibilidad de las cuentas públicas de las Administraciones territoriales y una reducción de las estructuras administrativas. El presidente del Gobierno acogía con satisfacción la propuesta. Rodríguez Zapatero reconocía la necesidad de un pacto sobre la financiación de las entidades locales entre PSOE y PP, aunque defendía las medidas del Gobierno desde 2004 elevando las transferencias destinadas a los municipios y con iniciativas como el Plan E, que entre 2009 y 2010 otorgó 13.000 millones a los ayuntamientos para inversiones directas.
Según los datos facilitados por José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, en 2004 las autonomías recibieron 65.000 millones de euros y en las cuentas públicas recién presentadas al Congreso se contemplan transferencias por 84.000 millones. En cuanto a los ayuntamientos, la dotación este ejercicio alcanza los 14.000 millones.
Queda claro que los políticos están de acuerdo en que se debe replantear el modelo autonómico, la cuestión es cómo. En todo el mundo se está produciendo el impulso para mejorar el funcionamiento de la Administración y España no es una excepción. Nuestro país tiene ante sí una oportunidad única de reordenar competencias y tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias.