La abogacía apoya la elección a la carta de los letrados de oficio
La libre designación con cupos ha sido un éxito en Ponferrada y Galicia
La justicia gratuita está viviendo uno de los cambios más transcendentes de su historia: la posibilidad de que el ciudadano pueda elegir el abogado de oficio que le representa. Desde hace dos ejercicios, esta posibilidad se ha convertido en realidad en Ponferrada (León) y desde hace uno en Galicia, a la que ahora se unirán País Vasco y Andalucía. Sin embargo, para el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, la extensión a todo el sistema será lento. "Necesitamos tiempo para implantarlo porque es un modelo que exige cambiar la contabilidad de las designaciones que se han dotado", según explicó ayer en la presentación del IV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita
La abogacía apoya este nuevo modelo de libre designación del abogado de oficio, pero con cupo. "No sería una libre elección total", advirtió Luis Nieto Guzmán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Salamanca, "sino que deberían establecerse determinadas limitaciones como la libertad de elección exclusivamente entre los integrantes de los listados del turno de oficio, la excepción en casos de guardia y la creación de un sistema de cupos para delimitar el número de designaciones que pueden recaer en un mismo letrado dentro de una unidad de tiempo". En Ponferrada se establecieron cuatro designaciones colegiales por letrado como cupo anual. En 2009 la ciudad leonesa registró 1.667 expedientes de solicitud de justicia gratuita con sólo 56 libres designaciones. Como ejemplo, baste señalar que sólo hubo un letrado que cumplió dicho cupo, otros tres letrados fueron designados tres veces, ocho letrados en dos ocasiones y el resto únicamente lo fueron en una actuación.
Por su parte, en Galicia, la libre elección de abogado sólo se aplica en los turnos de oficio de familia, laboral y recursos contencioso-administrativos, estableciéndose un cupo máximo de dos designaciones por letrado y semestre.
La experiencia de Ponferrada y Galicia se extenderá ahora al País Vasco y Andalucía
El resultado de ambas experiencias ha sido "muy positiva y satisfactoria", según se detalla en el informe, "sin que se observen disfunciones relevantes en la práctica, siendo por tanto aconsejable su implantación en tales términos". Además, el 78% de ciudadanos aprueban el sistema frente a un 10% que lo critica. La abogacía también se muestra a favor de flexibilizar la asignación de abogados cuando concurra una pérdida de confianza por parte del cliente o del mismo letrado. "Cuando haya un sistema adecuado en el territorio que lo permita, no tenemos ningún problema en hacer un salto en la lista y permitir que un nuevo letrado defienda al ciudadano", añadió Carnicer. En el IV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita se asegura que "parece oportuno eliminar las restricciones legales a la independencia de los letrados adscritos al turno de oficio, que les impide renunciar a la defensa encomendada (al igual que a sus clientes) dejando a salvo la valoración de cada caso por el colegio correspondiente".
Reticencia ante el copago
Los resultados de una encuesta llevada a cabo a pie del juzgado entre los usuarios de la justicia gratuita concede al servicio una calificación de 6,4. Dos de cada tres no encuentran ninguna deficiencia en su funcionamiento. La mayoría rechaza la posibilidad de restringir los derechos de los ciudadanos y de reducir el presupuesto destinado a este servicio (el 94% es partidario de mantener los derechos para todos los ciudadanos). Sólo el 37% estaría dispuesto a pagar una pequeña parte del servicio, "en aras y a la espera de una mejora del servicio". Las tres propuestas sobre la mejor manera de contribuir al hipotético copago presentan una similar acogida. El 27% se muestra a favor de endurecer los criterios económicos para el acceso al beneficio, el 22% apoya el pago de una parte del coste por parte del usuario en función de sus ingresos y el 21% aboga por pagar parte en función del tipo de proceso.
Balance anual
Un total de 1,8 millones de ciudadanos recibieron el beneficio de la justicia gratuita en 2009, un 28% más que el año anterior. Pese a ello, en lo que va de 2010 el uso de este servicio se ha estabilizado e incluso ha descendido, como en Madrid, donde ha caído un 10%.