El flanco débil está en el crecimiento
El Gobierno mantiene, frente a la opinión generalizada de los expertos, que la economía española crecerá el próximo año un 1,3%. Ojalá acierte, aunque el número de discordantes con el Ejecutivo aumenta. El FMI se sumó ayer a éstos con su previsión de aumento del PIB español de sólo un 0,7%. Esta estimación de su informe semestral de perspectivas económicas mundiales sitúa a España muy rezagada del resto de las grandes economías desarrolladas y muy lejos del crecimiento que se espera en las emergentes. En conjunto, según los cálculos del organismo internacional, la economía mundial crecerá en 2011 un 4,2%, seis veces más deprisa que la española.
El FMI no es un caso aislado. El gobernador del Banco de España remarcó el martes que las previsiones oficiales están alejadas del consenso de los analistas. El recorte de la inversión pública, el fin de los planes de estímulo y la mayor presión fiscal supondrán una merma en la actividad que hace pensar que ese 1,3% oficial es un objetivo difícil de cumplir. Si se queda en el campo de los deseos y no en el de las realidades, el Presupuesto se desmoronará como un castillo de naipes, pues el aumento de ingresos fiscales se basa casi en exclusiva en la reactivación de la economía.
De ser así, la reducción prevista del déficit público al 6% correrá peligro y si, como ha remarcado el propio presidente del Gobierno, el objetivo es irrenunciable, parece indiscutible la necesidad del plan B que reclamó Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aunque no lo crean así ministros y secretarios de Estado. Pero lo cierto es que las alternativas para reconducir las cuentas son limitadas, ya que una subida tributaria sería un desatino, reduciendo las posibilidades a un nuevo recorte de gasto. Teniendo en cuenta que las partidas productivas, como la inversión, han sido ya muy castigadas, éste queda reducido a las sociales y, entre ellas, el pago del desempleo -con casi 40.000 millones, de los que 15.800 millones los aportan los Presupuestos y el resto las cotizaciones-, que sería la única donde el recorte se puede hacer con efecto inmediato.
El medio plazo exige que el Gobierno conjuntamente con el principal partido de la oposición acometan la gran reforma del Estado, delimitando competencias entre las tres Administraciones y reduciendo partidas redundantes y superfluas. Eso debería ajustar el gasto público en España, pero sobre todo lo haría más eficiente desde el punto de vista productivo y también social. Hasta entonces, sería oportuno acotar por ley el techo de gasto de las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos como propone, con el mismo acierto e insistencia de la que hizo gala con la reforma laboral, el Banco de España.