Una reforma laboral por completar
El Congreso dio ayer el visto bueno definitivo a una reforma laboral que no cuenta ni con el apoyo político de la oposición -sólo la simbólica abstención del PNV permitió su ratificación- ni con el consenso de los agentes sociales -insuficiente para CEOE y "el mayor retroceso de los derechos laborales", para los sindicatos-. Fruto de un complejo encaje de bolillos, la nueva legislación implica una mejora, pero está lejos de modernizar las relaciones laborales hasta equiparar España con la mayoría de los países de la OCDE. Por tanto, esta reforma no puede agotarse aquí y ha de tener continuidad. Lo aprobado ayer debe considerarse un primer eslabón nacido de la urgencia por apaciguar a unos mercados financieros internacionales y unos socios comunitarios que demandaron en primavera reformas urgentes. Ahora, suavizadas esas presiones, cabe confiar en que el Gobierno continúe simplificando la regulación laboral, en esta ocasión con más sosiego y en busca de mayores consensos, para lo cual es preciso recomponer un diálogo que se ha visto seriamente dañado.
Se trata por tanto de una reforma inconclusa que, por si esto fuera poco y dada su complejidad e inconcreción en algunos puntos, despierta dudas sobre su correcta aplicación. El propio José Luis Rodríguez Zapatero admitió ayer que se tardará "varios meses" en ver los efectos de esta reforma, pues se requiere un periodo de aprendizaje por parte de empresarios y trabajadores. Los primeros tienen en sus manos la utilización del renovado contrato de 33 días, un bastión de esta reforma que no convence a la patronal. Y de la buena voluntad de unos y otros dependerá que las medidas de flexibilidad interna en las empresas que incluye superen la ambigüedad del texto. Aunque las mayores dudas no van a radicar en los empresarios ni en los trabajadores, sino en la judicatura, encargada de interpretar y aplicar las nuevas causas para el despido objetivo. Estriba en ello el éxito de uno de los puntos angulares de esta reforma.
Son tres de las modificaciones más relevantes de las aprobadas ayer, aunque no las únicas. Sin embargo, merecen mayor atención los puntos que han quedado fuera del BOE y requieren respuesta sin tardanza. Uno es la actualización y mejora de la negociación colectiva, relegada de esta reforma, aunque afortunadamente no olvidada. El Gobierno ha puesto plazo -hasta fin de año- para que patronal y centrales sindicales sean capaces de acordar una nueva estructura de negociación. Es una asignatura largamente aplazada, pero de transcendencia determinante, especialmente porque está destinada a introducir más flexibilidad en la organización de las empresas. Tan importante como establecer una negociación fluida entre directivos y comités de empresa es asegurar que puedan modificarse las cláusulas de un convenio con la rapidez que requieren las empresas y sin que terminen obligatoriamente en un conflicto ante los tribunales.
La segunda ausencia notable estriba en las políticas activas, que precisan una reestructuración inmediata. La formación y las bonificaciones ligadas a la creación de empleo, que habían transitado sin pena ni gloria en la época de bonanza, han desvelado sus ineficiencias en la crisis. Es algo imperdonable considerando que la productividad de un país está íntimamente ligada a las capacidades de su fuerza laboral. El pésimo resultado de la competitividad de España -ha caído en un año del puesto 33 al 42, según el Foro Económico Mundial- es argumento de sobra para exigir mucho más en este campo. Y en esta labor, transferida a las Administraciones territoriales, ha de exigirse mucho más a las comunidades autónomas.
La actuación de los servicios públicos de empleo, que apenas intermedian en un 3% de las colocaciones en España, es otra de las deficiencias a corregir. La entrada de las ETT en labores de intermediación es también un avance y se debe confiar en que ayudará a reactivar y complementar el servicio público.
El Gobierno ya ha anunciado cambios en estos elementos decisivos, pero quedan otros muchos a mejorar. El más flagrante es el complejo sistema de contratación actual, una rémora contra el empleo. Sería un acierto si el Ejecutivo se despojase de complejos y aprobase el contrato de indemnización variable propuesto desde Fedea y defendido por tantos y tantos expertos.