El PSOE rechaza cambiar el despido objetivo y la flexibilidad empresarial
El PSOE rechazó ayer en el Senado introducir cambios de calado en la reforma laboral. No aceptó modificar las nuevas condiciones del despido objetivo ni mejorar la flexibilidad interna de las empresas. Pero previsiblemente bajará de 100 a 30 días el plazo para que los parados rechacen su formación sin ser sancionados.
La reforma laboral encaró ayer su última fase de tramitación parlamentaria con la llegada del texto legal al Senado, donde se discutió en ponencia a puerta cerrada y como paso previo a su aprobación hoy en Comisión. No hubo sorpresas. A falta de negociaciones de última hora, los senadores socialistas no aceptaron ningún cambio sustancial en los nudos gordianos de la reforma.
Así, todo apunta a que se mantendrá la actual redacción de las nuevas condiciones que aprobó el Congreso de los Diputados para que los empresarios puedan argumentar despidos objetivos por causas económicas. De esta forma se seguirá entiendo que concurren dichas causas "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad, a su capacidad de mantener su volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad" del despido "para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado".
E igualmente, distintas fuentes de los grupos de la oposición aseguraron que "no hubo ninguna receptividad por parte del PSOE a la hora de aceptar una ampliación de la flexibilidad interna de las empresas". Esto es las condiciones para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo se mantienen, inicialmente, tal y como se aprobó el texto en el Congreso.
Toxo cree que el ministro quiere "maquillar" los datos del paro
No obstante, a última hora de ayer el PSOE intentaba recabar los apoyos de CiU y PNV para sacar adelante siete enmiendas transaccionales, en su mayoría de carácter técnico. Una de estas modificaciones, que tenía visos de salir adelante, es la que recorta de 100 a 30 días el plazo para que un desempleado pueda rechazar "acciones de mejora de su cualificación", esto es oferta de cursos formativos por parte de los Servicios Públicos de Empleo sin que reciba sanción alguna. Finalmente, esta enmienda socialista se ciñe exclusivamente al rechazo de ofertas formativas y no incluye las ofertas de trabajo, como había asegurado que incluiría en reiteradas ocasiones el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
"Un gran propagandista"
Independientemente de este error de Corbacho, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, interpretó la intención del PSOE de rebajar dicho periodo de gracia para rechazar ofertas como la búsqueda "de fórmulas para maquillar las cifras del paro". Y calificó al ministro de Trabajo como "un gran propagandista de la huelga general" y el "mayor activo de los sindicatos" porque, en su opinión, "cada vez que habla crece el rechazo a las medidas del Gobierno".
Otra de las enmiendas socialistas que podría ser aprobada establece que las empleadas de hogar deberán cobrar al menos el salario mínimo interprofesional, al margen de las retribuciones en especie.
Curiosidades sobre la negociación
La confusión ayer era mayúscula entre los periodistas que acudieron a cubrir la reunión de la ponencia del Senado que discutía los últimos cambios posibles en el texto de la reforma laboral. Desde el viernes pasado el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, había generado numerosas dudas con sus reiteradas declaraciones sobre la intención del Gobierno de endurecer las sanciones a los parados que rechazaran formación u ofertas de empleo. Para ello proponía reducir de 100 a 30 días el plazo que tiene un desempleado para negarse a aceptar una de estas dos ofertas sin ser sancionado.Sin embargo, las palabras del ministro encerraban un grave error: dicho recorte sólo podía afectar al rechazo de cursos formativos, ya que la ley no recoge ningún periodo en el que el parado pueda rechazar una oferta de empleo sin recibir una sanción. A pesar de ello, Corbacho insistió en sus declaraciones hasta dos veces.A esta confusión hay que añadir que el recorte de este plazo debía plasmarse en una enmienda transaccional socialista en el Senado que sustituía a otra enmienda inicial del PSOE que proponía la eliminación total de dicho periodo de gracia.A este vodevil se incorporó la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, quien respaldó las declaraciones de Corbacho al asegurar que los socialistas propondrían que los 30 días afectaran tanto a ofertas formativas como de empleo. Sin embargo, al término de la reunión, se pudo comprobar como el texto de la enmienda transaccional socialista no hablaba de ofertas de trabajo y se limitaba a fijar 30 días para poder rechazar "acciones de mejora de la ocupabilidad". Además, los asistentes a la reunión confirmaron que, "en ningún momento de forma verbal" los senadores socialistas plantearon fijar este periodo también para ofertas de empleo.