Unas políticas pasivas mucho más activas
El presidente del Gobierno anunció en su último balance de gestión, la semana pasada, un renacido espíritu reformista para los próximos trimestres, en los que se decidirá cómo será la economía española en los próximos veinte años. Si Rodríguez Zapatero logra pasar de la literatura a las matemáticas, y convertir su discurso en convicción reformadora, hará coincidir su gestión con las necesidades reales de un país que precisa hacer algo más de lo que hasta ahora ha mostrado para recomponer la confianza de los financiadores tradicionales, sin los cuales el crecimiento no está garantizado. En la agenda reformista del presidente está, tal como él recordó la movilización de las políticas activas de empleo, para superar la maldición que persigue a una economía que se ha instalado en tasas de paro del 20%, que duplica la media de sus competidores y que es socialmente inconcebible y financieramente insostenible, ya que resta ingresos a las arcas públicas e incrementa de forma estructural sus gastos.
El cambio de las políticas activas de empleo tiene que revisar el papel de unos servicios públicos que cada vez pintan menos en el mercado de trabajo, del que se limitan a contabilizar desempleados, reconocer prestaciones públicas e intermediar escasamente el 7% de las colocaciones, y todas ellas de carácter genérico. De hecho, la presencia de los servicios públicos de empleo ha entrado en tal deriva en los últimos años en materia de intermediación, que su espacio ha sido ocupado por la gestión privada, contabilizando ya más colocaciones que el servicio público. La gestión de la intermediación tiene que tener criterios privados también en el servicio público; proporcionar valor añadido es obligado, aunque no exista un correlato en sus ingresos, como lo hay en las agencias privadas.
Además, la intermediación debe tener una relación directa con la formación y con la prestación, sea seguro por desempleo o subsidio. Los servicios de empleo tienen en sus manos los fondos y los itinerarios formativos de los desempleados, así como la renta pública que perciben. Sus funcionarios son pues, quienes mejor conocen la capacidad y la necesidad de los perceptores de desempleo, y únicamente deben buscar la fórmula para ponerlos en contacto directo con las empresas que ofrecen trabajo.
Pero el Gobierno debe evitar también que el coste de la cobertura, en la que ahora hay más de tres millones de personas que consumen más de 32.000 millones de euros, se convierta en una capítulo estructural de gasto en plena crisis financiera del Estado, y para muchos desempleados, en un estadio laboral más del mercado, que en muchos casos contiene más estímulos a perpetuarse que a buscar otra ocupación. El seguro de paro es un coste laboral y, como los demás, debe ser reducido (sin generar desprotección), para que contribuya a generar puestos de trabajo.