Trabajo vincula las causas del despido a pérdidas, liquidez o caída del beneficio
La indefinición del Gobierno en algunos de los aspectos claves de la reforma laboral mantuvo ayer bloqueada la negociación en el trámite de ponencia, donde finalmente el PSOE optó por defender que las causas objetivas del despido colectivo motivado por una situación económica negativa estén vinculadas a la existencia de pérdidas, disminución "relevante" de beneficios o "falta persistente" de liquidez de las empresas.
La reforma laboral puede decirse que está abierta en canal hasta que mañana jueves o, en su caso, el viernes, se voten las enmiendas transaccionales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Puede haber sorpresas de última hora porque el entendimiento del Gobierno con CiU se ha resquebrajado, hasta el punto de que el PSOE se propone practicar la llamada geometría variable para salir vivo del trance.
La principal novedad llegó ayer de la supuesta precisión con la que el Gobierno propone ahora delimitar las causas objetivas del despido colectivo. En una enmienda transaccional elaborada por los asesores del PSOE se entiende que concurren causas económicas susceptibles de provocar un despido colectivo cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa "tal como la existencia de pérdidas, la disminución relevante de beneficios o la falta persistente de liquidez". En estos casos, la empresa podrá despedir con 20 días de indemnización por año trabajado, en lugar de los 45. Según la propuesta defendida por el Gobierno, en estos casos las empresas deberán acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce "la razonabilidad de la decisión extintiva para favorecer su posición competitiva en el mercado".
El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Jesús Membrado, no cerró ayer la puerta a que, al final, haya algún guiño a CiU en el sentido de que la negociación colectiva sectorial pueda entrar en algunos casos en la mayor precisión de estas causas objetivas de despido.
La mayores facilidades para despedir a quienes practiquen el absentismo laboral sin causas justificadas siguen concitando un amplio consenso en los márgenes definidos por el proyecto de ley: cuando la falta de asistencia al trabajo sume el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un año. Sin embargo, la petición del PP, CiU y Coalición Canaria de que estas circunstancias se desvinculen de la condición de acreditar por parte de la empresa un absentismo superior al 5% en el total de la plantilla es rechazada de forma enérgica por los sindicatos y el Gobierno va a tener dificultades para asumirla. De hecho, el PSOE propuso al PP una transaccional para reducir este porcentaje al 3% de la plantilla, pero los sindicatos tampoco están por la labor, por lo que los socialistas corren el riesgo de quedar en minoría mañana jueves cuando se produzca la votación de estas enmiendas.
Ampliación del contrato de fomento
Otras propuestas transaccionadas ayer por el PSOE en el trámite de ponencia guardan relación con la flexibilidad interna de las empresas, la intermediación laboral, el contrato de fomento del empleo estable y la mejora de los servicios públicos de empleo.
Dentro del artículo que regula el contrato de fomento de la contratación indefinida, los socialistas proponen como novedad que puedan acogerse también al mismo las mujeres desempleadas cuando sean contratadas para prestar servicios en profesiones o ocupaciones con menor índice de empleo femenino, las que lleven en paro los dos años inmediatamente posteriores al momento de su maternidad, adopción o acogimiento de menores y las que se reincorporen al mercado laboral tras un periodo de inactividad de cinco años.
En este colectivo, el PSOE se propone incluir también a las mujeres en paro víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.
Más bonificaciones
El PSOE propuso ayer al resto de los grupos aumentar del 50% al 80% las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social a aquellas empresas que opten por expedientes de regulación temporales en lugar de por despidos hasta el mes de diciembre de 2011.
La urgencia del PSOE pone nervioso a todos
El portavoz de Empleo del Grupo Popular, José Ignacio Echániz, calificó ayer de "locura" las prisas con las que el Gobierno pretende sellar la reforma laboral antes de que finalice el mes de agosto, reduciendo el trámite de ponencia y comisión a 48 horas de debate. En su opinión, detrás de esta urgencia se esconde la intención del PSOE de separar lo más posible en el tiempo los ecos de esta reforma de la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Pero la opinión del PP esta vez también es compartida por los grupos de izquierda. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, al igual que los representantes de ERC y del BNG, propusieron ayer formalmente en el Congreso que los trabajos para abordar esta reforma se suspendan hasta septiembre y no se conviertan en un "trágala parlamentario". No tuvieron éxito porque CiU también tiene prisa.