Rigor fiscal, inversión y crecimiento
El Ministerio de Fomento ha detallado ya cómo ahorrará los 6.400 millones de euros que debe recortar de inversión pública entre este año y el que viene. Suspenderá totalmente 18 contratos de obra en autovías y ferrocarril; reprogramará otros 14 hacia contratos en los que participará la iniciativa privada, y aplazará 199 más por un periodo de entre uno y cuatro años. En términos relativos se paralizan, retocan o aplazan el 20% de los más de 1.166 contratos de obra licitados por Fomento con un presupuesto superior a un millón de euros, y se han seleccionado con el criterio de hacer el menor daño posible a la actividad de las constructoras, salvar cuantos se puedan con la entrada de participación privada y posibilitar la mayor ejecución posible, aunque sea con un retraso temporal de cuatro años. Las víctimas son las carreteras y el ferrocarril, en ningún caso se retrasa ni un solo euro de inversión en puertos, aeropuertos y salvamento marítimo, y los mayores recortes se concentran territorialmente en Cataluña, Castilla y León, Cantabria y Aragón.
"A ningún ministro de Fomento le gusta recortar la inversión pública, y menos aquella que ya está en marcha", comentó ayer José Blanco. Pero ahora el Gobierno está decidido a cumplir su compromiso de rigor fiscal y este ministro de Fomento, como otros en el pasado, tiene que ajustar sus partidas de gasto. Siempre es discutible si la fórmula elegida para ajustar los presupuestos es ésta u otra, pero los mercados financieros y los socios comunitarios que comparten el euro y una política fiscal ortodoxa para fortalecerlo quieren ver cómo España llega a un déficit presupuestario del 3% en 2013.
El reparto de los sacrificios hecho por el Ejecutivo en los últimos meses es bastante solidario, puesto que salvo la sanidad, la educación y el desempleo, no hay una sola partida de gasto o inversión que no haya sido retocada. Y la dimensión del recorte necesario es de tal magnitud que cuesta diseñar un reajuste de las cuentas del Estado y las comunidades sin afectar a todos los programas de gasto. Pero la inversión en infraestructuras es realmente sensible por el efecto multiplicador que tiene sobre el crecimiento económico y sobre el empleo, lo que obliga a hacer un ejercicio de cirugía de precisión para identificar con el menor daño posible aquello que es prescindible y lo que no lo es.
Seguramente en los años que restan de recorte de gasto terminará siendo inevitable el reajuste en los programas que ahora el Gobierno ha querido salvar utilizando su legítimo criterio ideológico (sanidad, desempleo, etc.). Pero lo que sí debe hacer es rescatar, en cuanto la situación financiera del Estado lo permita, la mayor cantidad posible de proyectos de inversión en infraestructuras, que proporcionan un salto cualitativo notable en materia de competitividad a la economía productiva.
