El recorte de inversión en infraestructuras

El ajuste de Fomento afecta al 30% de las obras adjudicadas y pendientes de ejecución

El Ejecutivo rescinde 32 proyectos y reprograma los plazos de al menos 199. En total, 9.628 millones de euros comprometidos sobre un total de 33.000 millones

El ministro de Fomento, José Blanco, en el Congreso.
El ministro de Fomento, José Blanco, en el Congreso.

El ministro de Fomento, José Blanco, compareció ayer a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar el recorte de la inversión en infraestructuras de 6.400 millones de euros en dos años anunciado a mediados de mayo. Como él mismo ya había adelantado, la rescisión de contratos era una medida, aunque drástica, a la que no podía renunciar. Y así fue: hasta 18 de los 1.166 contratos de obra nueva de más de un millón de euros han sido anulados, o lo que es lo mismo, las constructoras adjudicatarias de los proyectos tienen ahora un agujero de 926 millones de euros, si bien podrán acogerse a la reclamación de lucro cesante (un 6% del presupuesto no ejecutado). Asimismo, 12 obras más han sido rescindidas pero se contratarán de nuevo mediante colaboración público-privada y dos se licitarán nuevamente a cargo del presupuesto ordinario, con lo que los directamente perjudicados son 32 proyectos.

Sumando las rescisiones a los aplazamientos, que implican 8.700 millones, el recorte afectará a contratos por valor de 9.626 millones, cerca del 30% de los 33.000 millones a los que asciende toda la cartera de obras que el departamento tenía hasta ahora adjudicadas y pendientes de ejecución. El ahorro que se anotará Fomento, sin embargo, asciende a 3.435 millones, cantidad en la que se disminuirá la capacidad de inversión prevista para 2011.

De los 18 contratos que con seguridad dejarán de existir, resulta que al menos la mitad de ellos están adjudicados a constructoras que no se cuentan entre las siete grandes del sector (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL, Sacyr e Isolux-Corsán), a pesar de que éstas controlan el 43% de las adjudicaciones en el capítulo de carreteras que tiene en marcha la Administración estatal.

El ferrocarril tuvo prioridad en la decisión sobre qué obras no rescindir

Así, entre los directamente afectados se incluyen, entre otros, Constructora Hispánica (Autovía A-27, 54 millones de euros), Peninsular de Contratas y Ortiz Construcciones y Proyecciones (A-63, 38 millones), Altec Infraestructuras (A-23, 53 millones), Aldesa Construcción y Azvi (circunvalación de Burgos, 68 millones) o incluso Ploder (M-40, 36 millones), actualmente sumida en un concurso de acreedores.

Eso no quiere decir que las grandes no hayan sufrido el golpe. Acciona ha sido la que más ha perdido, al contabilizar cinco de los 32 proyectos que suspenderá Fomento. Tenía contratados cinco proyectos por valor de 342 millones de euros, según datos de Europa Press, desde un trazado de la A-11 hasta otro de la A-8 en Cantabria. FCC ha resultado ser la segunda perdedora de entre las grandes, al cancelársele cuatro proyectos por valor de 286 millones. En el caso de la compañía controlada por Esther Koplowitz, el tijeretazo ha afectado a tres carreteras y una obra de ferrocarril (el trazado del Ave a Castellón).

Fuentes del sector apuntan, sin embargo, a que las compañías esperaban un recorte mucho mayor del que han acabado recibiendo. Asimismo, nada se dijo ayer que no supieran las constructoras afectadas, que durante las últimas semanas han ido siendo informadas de cómo les afectaría la contracción de inversión en infraestructuras. Con todo, ninguna de las consultadas quiso ayer hacer valoraciones acerca de las medidas. Tampoco lo hicieron las patronales del sector.

En cuanto a las reprogramaciones de obras (es decir, ajuste de los plazos de ejecución a los pagos), capítulo en el que entran 199 contratos por valor de 8.700 millones de euros, las grandes, por acaparar la mayoría de contratos, serán las más perjudicadas. Una lista, por cierto, que el ministro no da por cerrada, ya que según declaró podría haber alguna empresa que prefiera licitar.

Desigualdades regionales

No todas las comunidades autónomas han sufrido con la misma severidad la cancelación de proyectos, tal y como los parlamentarios se encargaron de reseñar en los turnos de réplica y contrarréplica. Y es que Fomento dio a conocer la lista de obras rescindidas, pero no informó de la inversión que supone cada una de ellas. Castilla y León, por ejemplo, ha visto truncados siete contratos, si bien tres de ellos serán incluidos en la licitación de colaboración público-privada que contempla el Plan Extraordinario de Infraestructuras, PEI.

Cataluña, por su parte, donde Fomento mantiene 182 contratos de obra nueva superior al millón de euros (valorados en 5.500 millones), se recortarán cinco, aunque dos de ellos (sendos tramos de la A-14) se incluirán también en el PEI. En Andalucía se han cancelado tres obras en la A-32 que ascienden a 187 millones de euros.

Los criterios seguidos para determinar el ajuste, según apuntó el ministro en la Comisión de Fomento, fueron estudiados para "minimizar el impacto del ajuste en nuestro sistema de transporte y en la actividad de las empresas".

Así, se priorizó el ferrocarril en su triple vertiente (alta velocidad, mercancías y cercanías). Con carácter general, además, se dio importancia a las obras "en muy avanzado grado de ejecución" y en rescindir el mínimo número de contratos posibles. También se tuvo especial cuidado en mantener la inversión en mantenimiento y conservación. Por último, se tuvo presente la posibilidad de licitar los proyectos mediante fórmulas de colaboración público-privadas.

Con todo, José Blanco quiso recordar que pese al ajuste el año acabará con una licitación de forma ordinaria de contratos por valor de 5.568 millones de euros, a los que habrá que añadir los 17.000 contemplados en el PEI.

En este sentido, el ministro reiteró que este verano se empezarán a conocer las actuaciones inscritas en dicho paquete.

"Somos conscientes de que este ajuste va a tener una importante repercusión en las empresas de construcción civil", dijo Blanco antes de cerrar su primera intervención.

Actuaciones y reacciones

Una conferencia sectorial para definir el rumbo del transporte

El ministro de Fomento anunció la convocatoria de una conferencia sectorial para la primera quincena de septiembre con todas las comunidades autónomas. En ella se definirá, "fruto del consenso", un Plan Estratégico del Transporte Ferroviario de Mercancías que ponga orden en las actuaciones llevadas a cabo en todo el territorio.

Será tarea de dicha conferencia, señaló José Blanco, "definir un mapa de la red ferroviaria de infraestructuras lineales y nodales de carácter estratégico orientada a la máxima eficiencia del sistema". También, perseguirá la mejora de la gestión del sistema, de la calidad de los servicios y el fomento de la cooperación entre administraciones.

Los constructores creen que el ajuste afectará a 110.000 empleos

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) aseguró ayer que los recortes en infraestructuras causarán la pérdida de entre 75.000 y 100.000 empleos en el sector, según declaraciones a la agencia Efe. La patronal está "preocupada", porque "las suspensiones, anulaciones y retrasos" en las obras de Fomento que Blanco dio a conocer en su comparecencia en el Congreso provocarán un aumento del paro "muy intenso y concentrado en poco tiempo". En cuanto a los contratos reprogramados, la CNC añadió que la interrupción de los proyectos causará "un serio problema" a las constructoras porque, una vez terminadas, estas obras les sirven como garantía de los créditos.

Impulso a las autopistas del mar para favorecer el comercio

"Vamos a impulsar las denominadas autopistas del mar, favoreciendo nuestro comercio exterior con países europeos", explicó Blanco, para anunciar a continuación que se han firmado acuerdos con Francia; en virtud de los cuales el Gobierno de España pondrá en funcionamiento las autopistas del mar de Gijón, el próximo mes de septiembre, y de Algeciras/Vigo en el presente año, "a más tardar a principios del próximo".

Asimismo, el ministro recordó ante los miembros de la Comisión que la Ley de Puertos aprobada el miércoles "permitirá una gestión más flexible y eficaz y reducirá los costes portuarios para favorecer nuestra competitividad".

Vuelve el debate sobre la Euroviñeta

"¿Por qué ese miedo al pago por uso?", le preguntó el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, al ministro. Pere Macias, su homólogo de CiU, hizo también una defensa del pago por uso como un elemento de "política social".

Antes que ellos, el propio Blanco había hecho una leve referencia al tema: "En materia de infraestructuras de transporte, nada es gratis. O contribuyen a financiar su construcción y conservación en mayor medida quienes más las usan o las pagamos todos", sentenció.

En este sentido, recordó que sólo la red convencional de ferrocarriles supone unos gastos anuales de mantenimiento de 900 millones de euros, que si se suma a las infraestructuras viarias asciende a 2.200 millones.

"Quien usa paga, y quien contamina paga", subrayó a continuación el ministro. No es una cuestión de rentabilidad económica, sino sobre todo de rentabilidad social y medioambiental, porque "no hay demanda potencial por parte de los usuarios" que justifique el mantenimiento de determinados servicios.

Las cifras

8.700 millones de euros suponen los 199 contratos cuyos plazos ha reprogramado el Ejecutivo. Representa el 26% del total.

23.537 millones de euros cuestan los 885 proyectos de nueva obra que Fomento no ha alterado. Incluye el gasto en aeropuertos, puertos y salvamento marítimo.

3.435 millones es la suma en que el ministerio dirigido por José Blanco verá reducido su presupuesto en virtud del recorte del gasto en inversiones.