Sentencia de la Audiencia Nacional

La Audiencia obliga a las eléctricas a desvelar sus contratos de gas

Las comercializadoras de gas, entre las que se encuentran las grandes eléctricas, deberán remitir a la Comisión de la Energía la información sobre los precios de aprovisionamiento del mercado gasístico, tal como les requirió hace año y medio el regulador. Unesa lo recurrió ante la Audiencia, pero ésta lo ha desestimado.

La Audiencia obliga a las eléctricas a desvelar sus contratos de gas
La Audiencia obliga a las eléctricas a desvelar sus contratos de gas

Las compañías eléctricas tendrán que proporcionar, por primera vez, el contenido de sus contratos de aprovisionamiento de gas natural a la Comisión de la Energía (CNE), después de que la Audiencia Nacional haya desestimado el recurso contencioso administrativo que presentaron el año pasado contra la Circular del regulador energético del 22 de diciembre de 2008.

En ella, la CNE pedía a las comercializadoras de gas sus precios de aprovisionamiento del mercadomayorista español: a los que compran y a los que venden a los clientes. Actualmente existen en España una veintena de comercializadoras de gas, entre las que se encuentran algunas petroleras y los cinco grandes grupos eléctricos. Estos, además, generan energía con gas en sus ciclos combinados.

Las eléctricas, a través de la patronal Unesa, recurrieron el año pasado dicha circular alegando que atentaba contra la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución; que la información requerida era "desproporcionada e injustificada" y que los datos que se les pedía eran materia "sensible" desde un punto de vista comercial. Para Unesa, la petición de la CNE era, además, innecesaria ya que existen, en su opinión, otras vías que ya permiten obtener una información similar atendiendo a los datos de la Dirección General de Aduanas.

En una sentencia notificada el 1 de julio, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Unesa, pues considera que las competencias que la Ley de Hidrocarburos otorga a la CNE no tienen ningún límite expreso, por lo que no tendrá más traba "que la adecuación a la finalidad para la que está prevista dicha posibilidad de dictar circulares", asegura.

La CNE justificaba su petición en que el conocimiento de los precios de compra del gas en el mercado internacional y el de los precios de venta ofertados por los comercializadores a los consumidores finales, "es algo resulta fundamental para abordar sus tareas de supervisión del mercado".

Además, considera que la liberalización del mercado, con la consiguiente desaparición de las tarifas, ha dejado al regulador sin referencia sobre los precios del mercado, lo que dificulta la tarea de comparar los precios entre los distintos agentes. Lo cierto es que la CNE nunca había tenido acceso a este tipo de contratos, que sólo conoce el Ministerio de Industria, cuyo contenido ha guardado como oro en paño.

Además, con la circular, la CNE pretende elaborar y publicar un índice de referencia del coste real del aprovisionamiento de gas para conocimiento de los consumidores.

En una dura sentencia, la Audiencia Nacional no considera que la petición sea desproporcionada y subraya que, en cualquier caso, la información y su contenido comercial tiene garantizada la confidencialidad frente a terceras personas que no sean la CNE, elMinisterio de Industria o las comunidades autónomas.

Fuentes de las afectadas aseguran que, desde la publicación de la circular en diciembre de 2008, y pese a haber planteado un recurso ante la Audiencia, ya han venido remitiendo al regulador la información sobre sus contratos de gas. No obstante, no descartan recurrir a través de Unesa la decisión ante el Tribunal Supremo.

El gas del Magreb, el gran secreto de Estado

Con la modificación de la Ley Eléctrica aprobada en 2007, se abría la puerta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para conocer el secretos mejor guardado de los contratos de aprovisionamiento de gas natural. Una información a la que sólo ha tenido acceso el Ministerio de Industria que, de hecho, se resistió al cambio.

También lo hicieron las empresas eléctricas, que a través de Unesa, recurrieron ante la Audiencia la Circular 4/2008 de 22 de diciembre en la que el regulador exigía, por primera vez, los datos sobre los precios del mercado. Además de las eléctricas, entre las comercializadoras figuran otros grupos energéticos, como Repsol, BP, Cepsa, Gaz de France, RWE, ENI o Shell.

La información, confidencial, será fundamental para que el regulador energético conozca si los precios que se cobran se ajustan o no a los que las comercializadoras compran. El tramo de precios del que menos noticias tiene la CNE es el que pagan entre el pozo de gas y la costa española.

El problema para las empresas es que al ofrecer sus contratos también proporcionan información financiera relevante. Además de los llamados contratos take or pay, la CNE conocerá por primera vez el contenido del llamado contrato del Magreb, firmado por el primer Gobierno socialista con Argelia y cuyo beneficiario era Enagás, entonces empresas pública, que terminaría bajo el control de Gas Natural.

Con un buen precio político, el combustible de este contrato, unos cinco bcm (mil millones de metros cúbicos) de gas, se destinaba obligatoriamente al abastecimiento del mercado a tarifa. El contrato acabó siendo heredado por Gas Natural y ha sido motivo de arbitraje internacional con Argelia por discrepancias en la cláusula de revisión del precio.