Rajoy desvela a medias su oferta económica

Mariano Rajoy, el presidente del PP, propuso el viernes en una conferencia en Madrid modificar la Constitución para establecer límites al déficit y al endeudamiento público. Emula así a su correligionaria alemana Angela Merkel, que ya lo ha aprobado, y al francés Nicolas Sarkozy, que lo planea, y supone llevar a sus últimas consecuencias el planteamiento estricto que ya recogía la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Gobierno de Aznar. Se trataría de poner coto -medido en porcentaje sobre el PIB- al déficit presupuestario de carácter estructural; es decir, aquel que no depende de la evolución del ciclo económico, sino de políticas de gasto. La medida es acertada, puesto que exige una disciplina fiscal imprescindible en tiempos de crisis y en años de bonanza. En definitiva, ningún Gobierno puede permitirse el lujo de emplear en su gasto regular más dinero del que obtiene de sus ingresos recurrentes. Es una lógica financiera que debería seguir cualquier gestor de recursos financieros, pero con más razón si maneja fondos públicos. Quizá por eso es una medida urgente y Mariano Rajoy debería negociarlo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o plantearlo en el Parlamento. La reforma de la Carta Magna precisa de un amplio consenso parlamentario, y tal cosa no es posible sin un pacto PSOE-PP.

æpermil;sta fue la medida más llamativa de las que desgranó el presidente del PP en su conferencia del viernes, pero no la única. Adelantó las posiciones que defenderá en la reforma del sistema financiero y, en especial, en la ley de cajas que negocia con el Gobierno. La captación de capital es una prioridad que debe resolverse cuanto antes, ya que Basilea exige unos niveles mínimos de capital, pero sobre todo lo demandan los mercados. Y las cajas deben disponer de instrumentos adaptados a la realidad, algo que pasa por que las cuotas participativas a emitir tengan derechos de voto, tal y como sugirió Rajoy. Eso abre la puerta a una privatización parcial de las cajas, que es una de las fórmulas para que alguien esté dispuesto a apostar su dinero en ellas.

Una tercera reflexión del líder conservador que merece una atención especial es la dedicada a la necesidad de una reforma de las Administraciones públicas. Habló de adelgazamiento, coordinación, eliminación de duplicidades, suprimir lo superfluo, definir los límites competenciales y afrontar una segunda descentralización hacia las corporaciones locales. Todo ello es necesario y produciría, primero, un destino más eficiente de unos fondos públicos que hoy se pierden en despilfarros imperdonables. Pero también en un servicio de mejor calidad que facilitaría la vida a los españoles y sobre todo a las empresas. Sería deseable que Rajoy precise cómo piensa abordar una reforma tan urgente como imprescindible. Después de todo, muchas Administraciones públicas, tanto locales como autonómicas, están en manos del partido que lidera. Ligado a esta reforma, apuntó con toda razón, la necesidad de fortalecer la unidad de mercado, mermada por un uso indebido y abuso político de la potestad legislativa de las comunidades autónomas. La propagación de normas inconexas entre las distintas regiones resta competitividad a muchas empresas en España.

Rajoy no estuvo a la altura de las expectativas que su comparecencia había despertado. Se esperaba que diese detalles de sus alternativas económicas para encarar la crisis y responder de paso al PSOE y al Gobierno que le acusan de carecer de propuestas concretas. Pero el líder de la oposición se limitó a desvelar unas pocas novedades y se centró más en apuntar las debilidades de la economía que en presentar soluciones para atajarlas. La reforma laboral fue la más clamorosa de las ausencias, pues se limitó a sugerir cambios necesarios, como la flexibilidad de los convenios, y sólo entró en un plan para mejorar la formación continua, algo que concita un consenso absoluto, pero cuya efectividad es discutible. Ausencia total de referencias a la rebaja del despido o la necesidad de nuevos contratos, como el de indemnización creciente, que sería el mejor instrumento para terminar con los excesos de la temporalidad. Además, sugirió que todas las reformas que precisa la economía exigen de pacto entre los dos partidos, pero, con la excepción de la energía y el sistema financiero, lo ha esquivado en todas las materias.