El mercado pide el compromiso de todo el país
El Congreso de los Diputados somete hoy a la consideración de su sufragio el real decreto de recorte del gasto de más de 15.000 millones de euros para éste y el próximo año, diseñado por prescripción comunitaria y bajo la presión implacable de los mercados financieros. Hoy también empieza una cuenta atrás acelerada para llegar a un acuerdo sobre los cambios a introducir en el mercado de trabajo, que puede culminar con una nueva decisión unilateral del Gobierno si no media el consenso. En ambos casos gobierna la división, precisamente cuando más necesario es que lo haga el compromiso. Los mercados están exigiendo con su actitud crítica a los países europeos con mayores problemas financieros un compromiso firme de reducción de la factura de gasto para financiarla. Y están premiando a aquellos que lo consiguen y castigando a quienes no lo logran.
Tanto en las pequeñas economías de los países del Este como en Irlanda o Portugal el compromiso de sacrificio y austeridad es de todo el país, con la decisión de sus Gobiernos y el aval político del resto de las fuerzas parlamentarias. En España, como en Grecia, hasta donde se conoce, el órdago es sólo del Gobierno, no del país. Y los mercados hacen distingos evidentes con estos comportamientos, relajando la presión sobre los Tesoros de los Estados en los que todas las fuerzas políticas caminan en el mismo sentido, y censurando a quien lo hace en dirección prohibida.
Hoy España escenificará que su ejercicio de austeridad no es compartido por todos, agrandando la imagen de ruptura política radical que ya en las últimas jornadas se ha escenificado en las sedes parlamentarias. El Partido Popular tiene perfecto derecho a apuntar al Gobierno como único responsable del recorte del gasto público, porque único responsable ha sido también de una política de gasto insostenible en el medio y largo plazo. Pero señalado como tal, debe aplazar el cuerpo a cuerpo para cuando España haya recuperado, con estas y otras medidas irrenunciables, la confianza de los inversores, que, nos guste o no, deciden a quien financian y a quien no. Y España tiene, para bien o para mal, más de tres billones de euros de deuda pública, bancaria y corporativa que refinanciar.
En materia laboral, el nivel de exigencia no es menor. Los sindicatos deben abandonar las posiciones doctrinarias de conservación de una serie de derechos que únicamente retrasarán y limitarán la recuperación en España, porque en tal renuncia encontrarán los intereses de las empresas, cuyo principal deseo es poder contratar en vez de despedir. En lugar de sacar a pasear el fantasma de la huelga general, es el momento del compromiso. Los parados, los empleadas temporales y aquellos fijos que temen por su renta, lo agradecerán.