Desastre ecológico

BP trata de contener la fisura y la catástrofe del Golfo de México

BP acaba de poner en marcha el plan más ambicioso hasta la fecha para tratar de parar la fuga de crudo que está contaminando el Golfo de México desde que el día 20 de abril explotara una plataforma operada por la empresa. Se trata de una operación conocida como 'top kill'.

El objetivo es taponar la brecha abierta con fluidos densos y viscosos que se bombean a través de una serie de tuberías ligadas a un barco. La esperanza es que el hipnótico y letal torrente de petróleo cese antes de cerrar para siempre la zona.

La operación 'top kill' fue autorizada al medio día de Washington por las autoridades y su puesta en marcha ha dependido, entre otras cosas, de unas condiciones climatológicas que no están siendo las más apropiadas. El procedimiento está supervisado por los profesionales con mayor reputación en el sector y ya fue usado en Kuwait. No obstante, este caso es más complicado porque nunca se ha tratado de hacer a tanta profundidad y no hay constancia de qué consecuencias pueda tener la alta presión.

En cualquier caso, desde la petrolera se afirma que deben pasar al menos dos días para saber si la maniobra ha tenido éxito. Otros intentos con otras técnicas destinadas a recoger el vertido han sido infructuosas por lo que la mancha de crudo no ha dejado de extenderse.

La catástrofe ecológica tardará mucho tiempo en evaluarse, máxime en algunos territorios: Luisiana, Alabama y Mississippi, donde se localizan importantes granjas de ostras y la pesca es una fuente multimillonaria de ingresos. Solo en Luisisna da empleo 27.000 personas y se ingresan unos 2.400 millones de dólares anuales. Desde hace tiempo estas aguas están vedadas a la pesca.

El secretario de Comercio, Gary Locke, ha declarado la zona del Golfo de México como área de pesca nacional en estado de desastre. Es algo que le permite ser acreedora de fondos de ayuda federal. El 18 de mayo Barack Obama presentó una propuesta de ayuda de 118 millones de dólares pero que aún no ha sido aprobada por el Congreso porque la petición se incluye dentro de otra propuesta que está siendo debatida. El Gobernador republicano de Luisiana, Bobby Jindal, no hace más que quejarse de que la ayuda no llega.

En Florida, existe una fuerte preocupación por la situación y las consecuencias que pueda tener para el turismo de la zona. Ayer el presidente de la Asociación de Banqueros de Florida, Alex Sánchez, envió una pieza editorial a varios periódicos de este Estado instando al Gobierno a tomar las riendas de la situación y a que se evite que además perjudique a la crucial industria turística de este Estado.

La Administración no tiene los recursos de la industria para parar el desastre y Obama ya ha hecho pública en más de una ocasión su frustración y enfado con Transocean, el dueño de la plataforma operada por BP y Halliburton, la empresa que hacía las obras que están en el centro de la investigación de las causas de la explosión.

Ayer, la prensa se hizo eco de que Obama, que raramente pierde la compostura, demandó con determinación durante una reunión en el despacho oval "que se cierre la maldita grieta". El presidente ha expresado su confianza en que 'top kill' funcione y en caso de no hacerlo, "hay otras alternativas que permitirán hacerlo".

Los expertos creen que esas alternativas no van a ser fáciles y que se tardará meses en poder cerrar la grieta si no se hace ahora. El presidente tiene previsto visitar Luisiana de nuevo el viernes y mañana va a proponer medidas para endurecer las medidas de seguridad en actividades de explotación en alta mar.

Algunos de los obreros supervivientes tras la explosión de la plataforma -murieron 11 de ellos- han participado en una audiencia ante las autoridades costeras y el Servicio de Gestión Mineral para explicar qué ocurrió la noche del 20 de abril. Uno de los mecánicos señaló que había diferencias de opinión en la gestión de la plataforma entre Transocean y BP y que los operarios de ésta no estaban prestando la adecuada diligencia a unas lecturas de indicadores que apuntaban a problemas en el pozo. Halliburton, la empresa que lo estaba cimentando ha afirmado que estaba siguiendo las instrucciones de BP para hacerlo.

El vertido está costando a BP, 22 millones de dólares al día, unos 760 millones hasta la fecha y puede dedicar una cantidad significativamente importante a su gabinete legal porque, además de las demandas individuales, el departamento de Justicia está estudiando el caso para depurar responsabilidades en su caso.