El ajuste del déficit es cosa de todos
La responsabilidad de corregir el déficit presupuestario implica a cualquier gestor público sea de la administración central, autonómica o local (ayuntamientos, diputaciones o cabildos). Este axioma justifica la decisión del Gobierno de prohibir a las corporaciones locales endeudarse a largo plazo para financiar inversiones, una decisión dura pero necesaria si se quiere reconducir el déficit fiscal al 3% en 2013.
Las presiones desde la Federación de Municipios para retrasar la entrada en vigor de la medida al 1 de enero son lógicas desde el punto de vista de cualquier gestor. Sin embargo, denotan, de nuevo, una peligrosa falta de perspectiva por parte del Gobierno. Además, se gana las acusaciones de improvisación por parte del PP cuyos alcaldes se permiten el lujo de proclamar que la medida no debe entrar en vigor ni siquiera en 2011.
Pero igualmente sorprendentes resultan las explicaciones del presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, que justifica la demora para que "nada impida a los ayuntamientos desarrollar su presupuesto de 2010". Parecen olvidar los alcaldes españoles que el objetivo es precisamente el contrario; es decir, no cumplir con lo presupuestado, sino recortarlo. Incluido el presente año. El Gobierno central ha presentado dos duros planes de ajuste para este año (el 29 de enero y el 12 de mayo) que reducen el gasto en algo más de 10.000 millones. Nada justifica que comunidades autónomas y entes locales no hagan lo mismo, y sin dilación. Eso incluye, retrasar o incluso paralizar inversiones en marcha, siguiendo la estela, por cierto, del Ministerio de Fomento. La responsabilidad de gobernar exige este tipo de decisiones por dolorosas que sean de tomar y complicadas de ejecutar y explicar.
Los ayuntamientos no deben abusar del plazo de gracia concedido por el Gobierno para obtener créditos que les costará devolver ante la escasez de unos ingresos fiscales que difícilmente recuperarán los niveles de 2007. Como también es de desear que las comunidades autónomas presenten planes de ajuste. La iniciativa de la Junta de Castilla La Mancha de reducción de tres consejerías y otras medidas con un recorte de 100 millones de euros, es una buena senda. Aunque el ahorro genere algo de extrañeza si se tiene en cuenta que medidas similares del Gobierno central han conseguido un resultado mucho menor.
La responsabilidad del sacrificio afecta a todas las administraciones. Cada una tiene que cumplir con sus deberes, no sólo presupuestarios, sino de otra índole. En este sentido, las comunidades autónomas, además de recortar sus gastos, deben facilitar los procesos de fusión en marcha o los que están a punto de ver la luz. La situación económica y la imagen internacional de España, no aguantan más posiciones dogmáticas, ni de intereses de partido.