La abogacía del Estado asume la defensa de jueces y secretarios
Primero fueron los jueces y ahora le toca el turno a los secretarios judiciales. Ayer, el Ministerio de Justicia, a través de una instrucción de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, estableció el procedimiento por el que los secretarios judiciales podrán encomendar su representación y defensa en juicio a los abogados del Estado.
Esta defensa, sin embargo, no podrá solicitarse en todos los casos, sino únicamente cuando contra este colectivo se emprenda una acción judicial como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o de su cargo.
Para iniciar el procedimiento, éstos deberán solicitar el servicio a través del secretario de Gobierno correspondiente. æpermil;ste se encargará de remitir dicha solicitud, junto con su valoración oportuna, al secretario general de la Administración de Justicia, como órgano superior del cuerpo de los secretarios judiciales, quien a su vez remitirá la solicitud a la abogacía del Estado.
Los jueces
El nuevo convenio se adopta después de que el pasado 13 de mayo, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmaran un acuerdo para la defensa de jueces y magistrados. También en este caso, se circunscribía a los "procedimientos que se siguieran en cualquier orden jurisdiccional como conscuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos". Y se añadía que la iniciativa se adoptaba "sin perjuicio de que eétos pudieran designar un abogado y procurador particular o solicitar uno de oficio".
En este caso, el procedimiento a seguir resulta diferente. El Consejo del Poder Judicial remitirá con carácter urgente, a instancias del juez o magistrado interesado, la propuesta de asistencia letrada al Servicio Jurídico del Estado, en la que se realizará una valoración por parte del CGPJ de la concurrencia del requisito de haber actuado el juez o magistrado en el legitimo desempeño de sus funciones, a la que deberán acompañarse los antecedentes necesarios.
Los convenios para jueces y secretarios no podrán suponer un incremento del gasto público. En este sentido, los abogados del Estado deberán cumplir las prestaciones establecidas para ambos colectivos con las disponibilidades presupuestarias ordinarias.
Desde este momento y de forma indefinida, los abogados del Estado, el cuerpo que asume la representación y defensa de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos y órganos constitucionales, independientemente de cuál sea su posición, tendrán una nueva tarea pendiente con la defensa de jueces y secretarios judiciales.
Para Francisco Caamaño, ministro de Justicia, ambas iniciativas suponen una prueba de que Justicia "mantiene un compromiso permanente de diálogo con las asociaciones de secretarios judiciales y con las de jueces a fin de analizar las necesidades y articular las líneas de actuación en consonancia con las funciones y responsabilidades que están asumiendo".
Los magistrados contarán con una comisión de seguimiento
La defensa de los magistrados tendrá, según está estipulado en el convenio, una comisión de seguimiento, formada por dos miembros, uno en representación de cada una de las partes, designados por las instituciones firmantes, Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).Esta comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al año, y con carácter extraordinario, siempre que lo solicite cualquiera de las partes. La comisión interpretará las cláusulas que susciten dudas, resolverá las incidencias que puedan plantearse y será la encargada de la ejecución material. Hasta el momento, los jueces tenían que pagarse la defensa civil, penal y disciplinaria.