Trabajo ve ahora justificado imponer la reforma laboral si no hay pacto social

El Gobierno cree que la situación actual exige una reforma del mercado laboral, aunque no cuente con la firma de los agentes sociales. La negociación se ha visto complicada por la indignación con que los sindicatos han recibido el recorte del gasto social y por la negativa de la Seguridad Social a rebajar las cotizaciones a los empresarios, pese a lo cual, Trabajo confía en llegar a un pacto.

En julio del año pasado, entendimos que no debíamos actuar unilateralmente", explicó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sobre el fracaso del diálogo social tripartito. "Pero la situación es distinta ahora", matizó. Del mismo modo que entonces el Gobierno no se planteaba recortar el gasto social, y acaba de cruzar su gran "línea roja", en la actualidad el Ejecutivo está dispuesto a imponer una reforma laboral sin el consenso de sindicatos y patronal. No en vano, son las mismas voces, los mercados y la Unión Europea, quienes vienen reclamando ambas actuaciones.

"En esta ocasión entendemos que el Ejecutivo debe actuar", declaró Granado en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Pese a todo, el número dos de Trabajo manifestó su convicción de que "habrá acuerdo" antes de final de mes, y de que "los agentes sociales son conscientes de que no deben obstaculizar el proceso".

Una postura que ha sido asumida por el propio presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, que ha defendido una reforma por decreto ley, en caso de que no haya consenso. Más difícil será que comulgue la CEOE con la tajante negativa que dio ayer Granado a una de sus peticiones fundamentales. "No hay margen para reducir cotizaciones sociales", aseveró, teniendo en cuenta que el año que viene se congelarán las pensiones.

Y aunque esta postura coincide con la que han defendido los sindicatos, la indignación que les ha producido el drástico recorte del gasto social dificulta también un acuerdo por esa parte. Las centrales denuncian que la reducción de fondos podría dejar sin soporte financiero a algunas de las medidas recogidas en la reforma. Es el caso de las bonificaciones al empleo de jóvenes o a la aplicación de reducciones de jornada (el modelo alemán).

"La reforma laboral partía de la financiación marcada en los presupuestos, que no se va a ver ajustada", les respondió el responsable de la Seguridad Social. El problema es que de los 2.800 millones de euros dedicados a la bonificación de contratos, sólo 190 millones están dispuesto para ser reasignados inmediatamente. Y no habrá aportaciones adicionales.

Convocatoria a la negociación

En cualquier caso, tras un intenso proceso de negociación bilateral con los empresarios, CC OO y UGT han urgido al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a retomar la negociación tripartita para ser informados del efecto que tendrá el plan de ajuste en la reforma laboral.

"Lógicamente estas medidas crean una cierta dificultad en el diálogo social, pero valoro muy positivamente que no hayan roto el diálogo", admitió por su parte el ministro. Sin embargo, añadió que el plan de ajuste "quedaría incompleto" si no se acomete la reforma laboral. Corbacho, de visita a Lérida, instó a sellar un pacto antes de final de mes, porque "no se puede esperar más tiempo", informa Europa Press.

Pensiones, salarios y poder adquisitivo

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer que congelar las pensiones el próximo año es un mal menor asumible. Su argumentación se basa en que la diferencia entre la inflación prevista para 2009, del 2%, y el incremento real del IPC, del 0,3%, hizo que los pensionistas ganaran poder adquisitivo por encima de la subida real de los precios. Por eso, insistió, estaría justificado pedir un sacrificio a quienes cobran las pensiones más altas, reseñando que la congelación no afectará a las mínimas.Desde los sindicatos replican, sin embargo, que la medida quiebra "el consenso político y social logrado en los últimos 15 años con el acuerdo de las pensiones". Carlos Bravo, el secretario de Seguridad Social de CC OO, manifestó su convicción, sin embargo, de que aunque el Ejecutivo aprueba la congelación por decreto ley, ésta "difícilmente verá la luz" porque "no tiene consenso en el Congreso".Bravo subrayó, además, la "contradicción del discurso del Gobierno" que hace meses ponía sobre la mesa una rebaja de cotizaciones para los empresarios, pedía luego retrasar progresivamente la jubilación a los 67 años y opta ahora por no subir las pensiones.

La cifra

3.000 millones de euros es el coste de un punto de cotización. Según CC OO, harían falta 530.000 cotizantes más para compensar cada punto rebajado.