Los efectos letales del parón inversor
Hasta mañana miércoles, fecha en la que está previsto que el ministro de Fomento, José Blanco, comparezca en el Congreso de los Diputados, se desconoce cómo se van a recortar otros 6.045 millones de inversión pública estatal y, ni siquiera, se sabe a ciencia cierta si será esa cifra. El hermetismo sobre este asunto es total. De hecho, estaba convocada para hoy martes una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas donde debía diseñarse el mapa futuro del transporte ferroviario de mercancías que ha sido pospuesta sine díe. Otros actos más previstos con altísimos cargos del Gobierno esta semana también han preferido dejarse para más adelante en vista del aluvión de críticas que está recibiendo el Ejecutivo por su segundo plan de ajuste.
Fuentes gubernamentales tratan de tranquilizar al sector constructor en los últimos días advirtiendo que en infraestructuras el ajuste se limitará a unos 4.000 millones. Hablar de esas cantidades cuando es ya el segundo recorte previsto es poco consuelo, coinciden en las principales patronales. Es más, las empresas que cuentan con alguna capacidad, por poca que sea, de salir al exterior ya trabajan con que ésa será la única hipótesis a corto y medio plazo, porque después de este segundo envite, "no va a quedar prácticamente nada que licitar aquí".
Colaboración público-privada
El recorte del gasto pone en peligro proyectos emblemáticos como el 'plan renove' de las autovías de primera generación
El ministro de Fomento, en las primeras declaraciones oficiales efectuadas tras el anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, habló de "reprogramar" las inversiones no prioritarias. Pero ¿qué es prioritario y qué no lo es? ¿Qué proyectos se salvarán del ajuste? Dice José Blanco que "ojalá sean 6.000 millones. En los próximos cuatro años probablemente ascienda a algo más", admitió recientemente en una entrevista radiofónica.
Sin querer dar más detalles, el titular del principal departamento inversor del Ejecutivo sólo ha adelantado que el recorte en la inversión pública se concretará en unos casos en hacer lo mismo por menos dinero, por ejemplo en materia ferroviaria, mientras que algunas infraestructuras de carreteras que se iban a hacer en dos años se harán en cuatro. ¿Se refiere con esta premisa al plan renove de las autovías de primera generación, de las que más de la mitad están ya licitadas y adjudicadas? Este proyecto, considerado otrora prioritario y emblemático ejemplo de la colaboración público-privada, es muy probable que no salga adelante, al menos, no en los tiempos inicialmente estimados (2012 todos los trabajos finalizados e inicio del periodo de explotación de 19 años).
Para empezar, muchos de los tramos en los que fue dividido este ambicioso programa para remodelar más de 2.000 kilómetros de autovías con un coste estimado en 6.300 millones están ya adjudicados y, sin embargo, no han podido iniciarse las obras debido a diversos problemas técnicos y financieros. Los tramos que faltan por licitar están a expensas de que se resuelvan esos conflictos de los primeros concursos, adjudicados con bajas sobre el precio de licitación de más del 40%. Luego, quizás cabría preguntarse si de verdad eran esas obras tan prioritarias como se dijo en su momento. Blanco insiste en que se reprogramarán infraestructuras y las actuaciones que no son tan prioritarias "se dejarán de hacer", pero elude ir más allá y no es de extrañar viendo cómo han reaccionado algunos de los principales socios del Gabinete. El ministro insiste en su compromiso de que la alta velocidad ferroviaria llegará a todos los territorios y que a Cantabria, cuyo presidente ha rechazado un retraso en esta infraestructura, lo hará en los mismos tiempos que a Asturias y País Vasco. "Otra cuestión es que el trazado definitivo nos permita llegar ahorrando costes y prestando el mismo servicio a los ciudadanos de Cantabria", recuerda Blanco, obligado por la coyuntura a introducir criterios de eficiencia y optimización. Canarias también ha lanzado su órdago: mantendrá el respaldo de Coalición Canaria al PSOE en Madrid, si no se vulneran los compromisos en materia de inversión pública.
El papel de la banca
Y desde las empresas advierten que recortar el gasto productivo no es lo más inteligente si se quiere actuar sobre la actividad y el empleo. Estudios recientes calculan que por cada euro que se invierte en infraestructuras, el Estado recupera vía impuestos y cotizaciones 0,6 euros. "Sin inversión, no hay actividad y las compañías ajustan sus plantillas a un escenario de escasa cartera de pedidos", explican en una constructora.
Los más pesimistas consideran que el nuevo escenario, marcado por la presión que ejercen la Unión Europea, el FMI y los mercados pone en cuestión incluso el desarrollo del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), cuyo impacto sobre las cuentas públicas no estaba previsto hasta 2014. "Si no se establecen reglas de juego claras y la banca participa, no podrán ponerse en marcha los proyectos del PEI, valorados en 17.000 millones y diseñados para compensar la falta de contratación pública", auguran en una patronal.
En Medio Ambiente, la verdad es que el recorte representa llover sobre suelo mojado, puesto que este departamento, segundo en importancia en materia de inversión, aglutina los mayores desplomes de las cifras de licitación pública. Proyectos de ingeniería, por ejemplo, no ha sacado a concurso ni uno solo en lo que va de año. En este caso, es por tanto más desconcertante, si cabe, elucubrar sobre por dónde irá el tijeretazo. "Obras de saneamiento y depuración consideradas urgentes hay muchas, pero todo va a depender de la voluntad política y de los criterios que utilice cada confederación hidrográfica a la hora de programar sus licitaciones", lamentan en una constructora mediana.
