Nuevo plan de ajuste contra la crisis

El dilema de decidir de dónde recortar

El recorte adicional en el déficit público anunciado no hace sino ratificar la necesidad de medidas en nuestra economía que mejoren su solidez y credibilidad a nivel interno y externo. Está claro que es en momentos de debilidad económica cuando los resortes de la economía se sobrecargan y donde la solidez del modelo económico se somete a una prueba de resistencia.

El objetivo de reducción del déficit público es una necesidad en la que unos y otros están de acuerdo, sobre todo, cuando alcanza unos niveles no deseables y más aún cuando su ritmo de crecimiento no es pautado y progresivo y amenaza con romper el equilibrio y estabilidad económica. Los problemas surgen cuando hay que decidir de dónde recortar. Winston Churchill señaló en una ocasión que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Aunque las medidas hayan de ser adoptadas para afrontar el momento presente, la carga de una deuda excesiva compromete más allá del corto plazo el bienestar de futuras generaciones, por lo que es recomendable pensar en ello antes de lanzarse a la adopción de medidas desesperadas.

Parece claro que la apuesta del Gobierno se inclina por los recortes sociales y salariales en la Administración pública y las pensiones, principalmente, lo que le lleva a uno a preguntarse ¿qué puede estar pasando para que un Gobierno que ha apostado tanto por el gasto social ahora tenga que recortarlo de manera drástica? ¿Cómo tiene que ser la situación real para que haya una renuncia tan decidida a compromisos políticos y electorales clave?

La receta propuesta por el Gobierno hace uso de ingredientes fáciles en las recetas de ajuste presupuestario como el recorte para funcionarios, clase media y pensionistas que, una vez más, se convierten en los sufridores de la ejemplificadora política austera de reducción del gasto público. Y creo que no es mala idea si este ajuste, que proporciona resultados inmediatos en los cálculos macroeconómicos y presupuestarios, se combina con un control exhaustivo de aquellas rentas no sujetas al control directo del Estado y que escapan de flujo económico o del control tributario. A esa impopular medida han añadido la retirada del cheque bebé, lo que podría juzgarse por algunos como una retirada a tiempo de una medida con más efectismo electoral que económico dado que lo que realmente ayuda a las familias españolas es un plan de conciliación y ayuda a la familia a medio y largo plazo al estilo de los países nórdicos y centroeuropeos. Es cierto igualmente que la reducción de la ayuda al desarrollo en un 1% supone tocar de manera más neutra el gasto y es diplomáticamente justificable cuando uno explica las circunstancias actuales a nuestros socios de fuera de Europa.

Lo que no está tan claro ni existe consenso, e incluso diría arrojo político, es a la hora de decidir qué otros ingredientes del gasto público han de ser tocados por el dedo de la austeridad presupuestaria ni si el ejemplo que adopta la Administración central será seguido por el resto de Administraciones.

Parece sensato preguntarse si ese compromiso adquirido de reducción del déficit será suficiente para desviar la atención de los especuladores financieros y nuestros socios comunitarios hacia nuestro país. Está claro que este plan no se ha decidido de manera voluntaria, lo que aún no sabemos es si nuestro país, que ha sido cuna de grandes genios, tendrá en esta ocasión la genialidad de ganar la credibilidad necesaria que nos devuelva la estabilidad económica. Desde el Consejo General de Economistas de España esperamos que este conjunto de medidas aporten la solidez necesaria para la recuperación de nuestra economía.

Nuria G. Rabanal. Decana-presidente del Colegio de Economistas de León