Enmienda a la política económica española
La tormenta griega puede tener consecuencias imprevisibles para el resto de sus socios y para el euro. Ayer impactó sobre España cuando Standard and Poor's (S&P) rebajó un escalón, desde AA+ a AA, la calificación de la deuda soberana española. Este castigo se produce un día después de que la agencia de calificación degradase la nota de las finanzas de Grecia, a bono basura, y de Portugal, calificada como A-. España está muy lejos de las dificultades de estas dos economías -cuatro escalones en el rating por encima de Portugal y ocho sobre Grecia-, pero la revisión lleva implícito un duro aviso que sería irresponsable ignorar. La comunicación de S&P se produjo al borde del cierre del mercado y, como primera reacción, el Ibex triplicó su caída en dos minutos, hasta el 2,99%.
La advertencia de la agencia no debe caer en saco roto y el Gobierno está obligado a reaccionar con medidas. Porque la agencia de riesgo sustenta su decisión en unas debilidades de la economía española que ya han puesto de manifiesto muy distintos organismos nacionales e internacionales. S&P duda de las cifras de crecimiento para los próximos tres años que esgrime el Ejecutivo en su Plan de Estabilidad -una media del 1,9%- y lo rebaja a un tercio. Entre las debilidades que lastrarán el crecimiento señala el alto endeudamiento del sector privado (equivalente al 178% del PIB); un mercado laboral inflexible, que elevará la tasa de paro al 21% este mismo año y perjudica la competitividad española; un bajo nivel de la capacidad exportadora; un sistema financiero con crecientes activos dudosos o una política fiscal que, en opinión de S&P, no va a ser suficiente para recortar el déficit hasta cumplir el objetivo oficial del 3% en 2013. Estas apreciaciones, en una u otra medida advertidas insistentemente desde estas mismas páginas, son válidas y se resumen en el problema angular: el modelo productivo español debe ser reformado, porque el actual no tiene capacidad para generar la actividad y el empleo que la sociedad española precisa. El Gobierno, sin embargo, se ha limitado durante los dos años largos de recesión a poner en marcha un rosario de medidas, pero no del calado de las realmente necesarias.
Urge resolver muchos problemas, pero en momentos en que la crisis griega se extiende hasta mermar la confianza internacional sobre España, es imprescindible demostrar a los mercados que la voluntad de reconducir las cuentas públicas es firme. Porque las medidas aprobadas hasta ahora para el ajuste presupuestario se han comprobado insuficientes para alcanzar el objetivo impuesto por Bruselas. Es preciso mayor firmeza, y este mismo viernes y sin dilación tiene el Ejecutivo la primera gran oportunidad para dar una señal adecuada con la presentación del plan de austeridad del sector público.
El Ministerio de Economía se limitó ayer a mostrar perplejidad ante la penalización de S&P y consideró improbable que otras agencias sigan el mismo camino. Fitch confirmó ayer mismo la triple A, el mismo nivel en que tiene calificada Moody's la deuda española. A la vez, coincidiendo con las recientes decisiones de S&P, las agencias de calificación recibieron serios varapalos tanto de Bruselas como del FMI, que intentaron restarles credibilidad. Desde luego, ayer no era el mejor momento para anunciar una rebaja y se ha demostrado de nuevo que sus decisiones siguen marcando el paso a los mercados. En este sentido, parece oportuno desempolvar el plan de crear una agencia independiente, europea o mundial, que no esté ligada a intereses particulares.
Esta crisis también está poniendo de nuevo en evidencia a la UE. Berlín y Atenas han echado gasolina a una crisis que deberían haber contribuido a apaciguar. El compromiso mostrado ayer por Alemania para acelerar la aprobación del plan de rescate a Grecia es decisivo para calmar los ánimos de los mercados, aunque la exigencia de que Grecia apruebe antes el programa de ajuste presentado por el FMI no despeja todas las incertidumbres. Angela Merkel y Yorgos Papandreu deben cumplir sus respectivos compromisos. La canciller, el de desatascar el rescate financiero griego; y el presidente heleno, el de someter a su país a un sacrificio que ellos mismos se han ganado a pulso por un incumplimiento de las reglas de juego que penaliza también a sus socios de la zona euro.