El profesorado reclama ligar el ascenso salarial al mérito
El nuevo Estatuto del Docente empezará a negociarse a partir de junio.
El próximo jueves, 6 de mayo, todos los interlocutores del Pacto de la Educación tendrán que definir si lo apoyan o no. Los profesores representados por la Asociación Nacional del Profesorado Estatal (Anpe) todavía no han adoptado una decisión al respecto -esperarán al 5 de mayo, cuando se reúna el comité ejecutivo nacional para pronunciarse-, pero de entrada su presidente, Nicolás Fernández, reconoce que "desde el sindicato siempre se ha reclamado la necesidad de un pacto de Estado para afrontar los cambios profundos, no meros retoques, que necesita la enseñanza española".
Con pacto o sin él, el máximo responsable de Anpe considera que algunos acuerdos alcanzados deberán aplicarse porque "suponen una importante mejora para el actual sistema". Entre ellos, el nuevo Estatuto del Docente, que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a negociar a partir del próximo 1 junio con objeto de definirlo antes de acabar el año. Anpe quiere que se diseñe la carrera profesional del maestro desde su ingreso al cuerpo hasta su jubilación y propone "establecer determinados rangos para que el profesorado pueda ser promocionado por sus méritos y no sólo por los años de docencia de antigüedad".
Actualmente, la carrera de un docente está ligada a los sexenios. Cada seis años de permanencia en la enseñanza, el educador obtiene un incentivo, que resulta diferente según la comunidad autónoma donde ejerza. "Nuestro objetivo es que a la hora de promocionar a un profesor también se valore la implicación de éste en proyectos pedagógicos, se puntualice la labor directiva y se tenga en cuenta el interés por programas de innovación" explica Nicolás Fernández.
"Queremos hacer una carrera motivadora e incentivadora. Que el profesor se involucre en nuevos proyectos y que además se le recompense económicamente", advierte el presidente de Anpe.
Con la reforma de Bolonia, la carrera de magisterio se amplía a cuatro años frente a los tres de antes y se completa con un máster de formación específica. Hasta ahora cualquier licenciado o ingeniero podía hacer un curso de capacitación CAC y acceder a una plaza de profesor si aprobaba la oposición, aunque a veces a estos profesionales se les criticaba por no tener una formación didáctica y pedagógica adecuada.
"El máster, por tanto, deberá contar con los aspectos pedagógicos y la especialización del área que elija", añade Nicolás Fernández. Además, se debe diseñar el sistema de oposición y apostar por el carácter estatal de los cuerpos que permita la movilidad entre distintas comunidades autónomas, cumpliendo eso sí con los requisitos que las mismas impongan, como el idioma.
Por otro lado, Anpe y el resto de sindicatos (CC OO, UGT) también solicitan que en dicha carrera profesional se mantenga para el docente el sistema de jubilación anticipada de la Ley Orgánica de Educación (LOE), vigente desde hace veinte años. "Esto no es un privilegio, sino un derecho vinculado a quienes tengan más de 60 años y un mínimo de 15 de servicio, aunque la mayoría suele acogerse con más de 28 años en la docencia, que es el tiempo para cobrar las gratificaciones". Actualmente, el 70% de los profesores de primaria se acogen a este sistema y en secundaria, el 50%.
Esta jubilación estará vigente hasta 2011, pero existe la posibilidad de prorrogarla. "Para el sistema sería bueno, porque a esta edad se dan muchas bajas y segundo, porque se rejuvenece la plantilla" puntualiza el presidente de Anpe.
"Pedimos autoridad, porque la perdimos"
Los profesores coinciden en señalar que antes no había agresiones en las aulas y que si ahora "reclamamos la autoridad es porque la hemos perdido" dice el presidente de Anpe.No se trata, por tanto, de tener privilegios, "sino de respaldar la función tan importante que realiza el maestro". En este sentido, Anpe aboga por la prevalencia de la palabra del profesor y por la presunción de veracidad del mismo, como tiene Madrid, Valencia y de alguna forma, Cataluña. Eso sí, les gustaría que la normativa fuera estatal y no autonómica. También exigen más autoridad moral y académica, y aumentar "las competencias de los claustros".
"Las llamadas al defensor han bajado"
En el último informe del Defensor del Profesor perteneciente al curso 2008-2009 se registraron 3.569 llamadas, y según confirma Nicolás Fernández, las referidas a los problemas para dar clase han bajado de un 70% a un 40%. "Este descenso se explica desde que se han puesto en marcha normativas referentes a derechos y deberes en algunas comunidades autónomas".Un dato positivo es que sólo el 8% de estas consultas se referían a agresiones de los alumnos, aunque un 17% suponían amenazas. El 6% de dichas llamadas tenían que ver con grabaciones, fotos e internet y el 5% fueron daños causados a propiedades de los maestros.
El Estado debe regular los temas religiosos"
El 10% del alumnado que estudia en España pertenece al colectivo de inmigrantes, por lo que el presidente de Anpe vaticina un incremento de la conflictividad a partir de septiembre."Es el Estado quien debe regular las cuestiones religiosas, como lo ha hecho Francia", añade. Mientras esto no ocurra, aboga por que sean los centros los que garanticen el cumplimiento interno de sus normas.Respecto a la defensa del castellano, asegura que el pacto debería haber garantizado que ninguna comunidad autónoma "impidiese el derecho a la escolarización en la lengua común y en la vernácula". Algo que ocurre ahora.