Informe sobre la Ley de Economía Sostenible

La CMT cuestiona el precio de la banda ancha universal y pide fondos públicos

El regulador de las telecomunicaciones, la CMT, no se ahorra calificativos en su informe al Gobierno sobre la Ley de Economía Sostenible. La comisión alaba determinadas iniciativas, pero carga contra otras, como el reparto de frecuencias de móvil o el modelo para llevar la banda ancha a un mega a toda la población, para el que pide financiación pública.

La CMT cuestiona el precio de la banda ancha universal y pide fondos públicos
La CMT cuestiona el precio de la banda ancha universal y pide fondos públicos

Las dudas no están en la finalidad de la medida, sino en la forma de llevarla a cabo y en la redacción utilizada, que puede llevar a incompatibilidades con la regulación europea. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es partidaria y alienta la extensión de la banda ancha a toda la población independientemente de donde viva con una velocidad mínima de un mega, pero muestra su desacuerdo con el modelo que el Gobierno quiere aplicar para ello.

Así se refleja en el informe de la CMT al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido al Ministerio de Economía y al que ha tenido acceso este periódico.

Los cuestionamientos del regulador se centran en dos factores. El primero es la extensión de la red que permitirá llevar la banda ancha a todos los habitantes -la universalización del acceso o de la posibilidad de conexión-. El segundo, la posibilidad de que el Gobierno decida fijar un precio para este servicio.

En el primero de los casos, la CMT advierte al Gobierno de que las directivas de la Comisión Europea y la actual redacción de la normativa que regula el servicio universal impedirían encuadrar en él la inclusión de la banda ancha.

En principio, el problema podría ser sólo de nombre. Si legalmente no se puede llamar servicio universal, es cuestión de buscar otra denominación. Pero el conflicto va más allá. Si la extensión de la banda ancha no entra en el concepto de servicio universal, entonces iría contra la regulación que fuera financiado como tal, es decir, a través del fondo al que contribuyen los operadores para sufragar su coste.

¿Cuál es la solución? "La universalización del servicio habría de sufragarse, necesariamente, con cargo a los presupuestos públicos", dice la CMT.

Conflicto europeo

Esta respuesta no es una muestra de las reticencias de la CMT a que las operadoras paguen la extensión del servicio, sino que forma parte de un problema con la extensión de la banda ancha que trasciende el ámbito español. Son varios los países que están en la misma tesitura, hasta el punto de que la Comisión Europea ha abierto una consulta pública -que se cerrará en los próximos días- sobre ello. Para intentar aclarar la posición, el Gobierno español, tras recibir el informe de la CMT, ha planteado también una consulta a la CE.

La segunda crítica de la CMT es exclusiva almodelo que quiere implantar el Gobierno. En el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible se alude a que se "garantizará el carácter asequible de los precios" y a que "se podrá fijar un precio máximo".

Esta alusión disparó las alarmas de las operadoras. Ahora, la CMT se pone de su parte. El regulador recuerda al Gobierno que en las ofertas de ADSL a un mega hay intensa rivalidad, con propuestas que van desde los 19,8 euros al mes. Introducir un precio máximo podría distorsionar esta competencia y dejar a los operadores alternativos sin margen para competir con Telefónica. Es más, sería el ex monopolio el que tendría la mejor situación para llevarse este nuevo mercado, por la extensión de su red, lo que le daría una posición de ventaja en contra de sus rivales.

Por todo ello, la CMT recomienda al Gobierno que subvencione el coste a las personas que no puedan sufragarlo, en lugar de fijar el precio a las operadoras.

Sin embargo, tras el anteproyecto de ley, el Gobierno ha hecho público ya el proyecto y no se ha introducido cambio alguno en este tema.

El segundo gran tema en el que la CMT hace comentarios al anteproyecto del Gobierno es el reparto de frecuencias de móvil. El regulador urge al Ejecutivo a anticipar la concesión del llamado dividendo digital, el espectro en la banda de 800 MHz que han dejado libre las televisiones con el apagón analógico. El Gobierno ha previsto que las telecos podrán usarlo a partir de 2015. "Sería deseable anticipar esta fecha", sugiere la CMT. También pide al Ejecutivo que elimine la ambigüedad y fije un calendario para el reparto de todas las frecuencias previstas.

Contra la "perniciosa" reducción del consejo

Al margen de las propuestas de la futura Ley de Economía Sostenible que afectan al sector, la CMT también hace comentarios a los artículos que le afectan como organismo regulador.

El Gobierno propone reducir a cinco los miembros del consejo de la CMT, desde los nueve actuales. Este esquema "se considera excesivamente reducido y pernicioso para la debida pluralidad profesional de los integrantes de un órgano colegiado de estas características", dice la CMT, que propone que haya seis consejeros más el presidente. Fuentes del sector recuerdan que el Ejecutivo acaba de aprobar la creación de la nueva autoridad audiovisual y ha fijado en nueve el número de miembros del consejo.

La CMT también cuestiona que la ley fije el procedimiento interno de trabajo dentro del consejo y presuponga que se basa en ponencias, cuando en la CMT no se actúa así.