Colaboración en dependencia
Nos enteramos de la buena noticia que el Gobierno, desde el Ministerio de Fomento, ha acelerado las inversiones por valor de 17.000 millones vía concesión privada y nos preguntamos si esta medida anticrisis no puede implantarse también al sector de la dependencia, generador de empleo estable y no deslocalizable. Este sistema no supone aportación presupuestaria de las administraciones, sino que es la empresa adjudicataria la que asume la construcción y explotación de la infraestructura -en nuestro caso residencias o centros de día- a cambio de un canon.
En un momento de coyuntura económica como el actual, podríamos contribuir a elevar el PIB, y estamos dispuestos a ello. Lamentablemente, no podrá ser con un modelo basado solamente desde presupuestos públicos, como numerosos expertos apuntan.
Si no se adoptan muchas de las medidas propuestas, como el sistema de acreditación equitativo y cohesionado en toda España, instrumentos privados de financiación, copago o coordinación sociosanitaria no podremos abordar los compromisos que marca la Ley de la Dependencia, ni corregir esta peligrosa tendencia.
El Ministerio de Sanidad y Política Social también debe procurar coordinación sociosanitaria, con el objetivo de racionalizar el gasto público. Hoy en día, el 60% de los españoles presenta un problema de salud crónico y estos generan un coste para el sistema sanitario español que podría rondar los 50.000 millones de euros. En España, el coste aproximado de una plaza hospitalaria es de 500 euros/cama/día. Atendidos en un centro sociosanitario acreditado tendría un coste para las finanzas públicas de 90 euros/cama/día.
En 2010 más de 7,5 millones de personas mayores de 65 años cuentan con derechos reconocidos legalmente para ser atendidos, y ello no es posible asumirlo con un presupuesto del ministerio de apenas 1581 millones. Las administraciones deben legislar, planificar, coordinar, pero no es necesario que asuman además la construcción de infraestructuras. De los 660 proyectos en marcha en la actualidad, el 42,12% están financiados directamente por ayuntamientos, comunidades autónomas o por Administración central; si estimamos una media de 10 millones de euros por proyecto, las diversas administraciones podrían tener cerca de 6.600 millones de euros si estas inversiones fueran asumidas por la iniciativa privada.
Para ello, solamente necesitamos un marco claro que permita a la iniciativa privada seguir apostando, y eso conlleva que debemos tener unas tarifas de concertación, acordes con la calidad y los servicios que se prestan en los diferentes grados y niveles de dependencia. A cambio ofrecemos un espacio de colaboración mutua. El compromiso de Aeste con la sociedad es la calidad e innovación en la atención a personas dependientes.
Jorge Guarner. Presidente de Aeste (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia)