Las farmacias, en pie de guerra contra Sanidad
La patronal prevé caída de empleo y lleva el decreto de gasto sanitario ante el Defensor del Pueblo.
Cuestión de dinero y de derechos de los farmacéuticos. Así presenta la patronal de farmacias FEFE (60% de las boticas de España) su batalla contra el Ejecutivo por el decreto de racionalización del gasto farmacéutico. Validado por el Congreso por unanimidad el miércoles pasado con la pretensión de recortar 1.500 millones de euros de la factura en medicamentos. Pero los boticarios creen que se conculcan sus derechos, por lo que llevarán la norma al Defensor del Pueblo, asesorarán a aquellos farmacéuticos que quieran llevar la norma a los tribunales y alertan de que se podrían perder entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo.
El texto nace de la necesidad de reducir el gasto en sanidad debido al déficit que conlleva para las cuentas de las comunidades autónomas. La ministra Trinidad Jiménez acordó con los consejeros autonómicos que el recorte, de 1.500 millones, provendría del gasto farmacéutico, que alcanzó 12.506 millones en 2009. Para ello se reducirá un 25% el precio de los genéricos y de todos los medicamentos que tengan precios de referencia (grupos con la misma composición que hayan perdido la patente).
"No entendemos la urgencia para aprobar la medida. El anterior ministro había hablado de un pacto sanitario, y nosotros hicimos nuestras propuestas, pero ahora se busca un atajo y no se resuelven los problemas de fondo", dice Isabel Vallejo, vicepresidenta de FEFE.
La patronal asegura que debido al recorte, sus ingresos caerán una media de 1.474,5 euros por farmacia al mes, según un estudio propio, lo que supone un 80% del coste salarial de un empleado de farmacia, por lo que entienden que muchos establecimientos despedirán a algún empleado. Unos cálculos que niega el secretario general de Sanidad del ministerio, José Martínez Olmos: "No sabemos de dónde han sacado esas cifras. Pero pareciera que son las farmacias quienes van a sufrir el recorte y eso no es así". Si en 2008 había 21.057 boticas, el descenso de 1.474 euros calculados por FEFE haría que el decreto costase 378 millones al sector. "Aquí es donde más vamos a perder dinero", incide Vallejo.
Pero FEFE se queja también de que la norma abre la vía para que los medicamentos se dispensen en hospitales, una medida que cree que puede costar a sus asociados hasta el 10% de sus ventas. Por ello, llevará la norma al Defensor del Pueblo, porque considera que vulnera la libertad de elección de farmacia, y canalizará recursos de los colegiados ante los Tribunales Superiores en todas las comunidades autónomas. "No es una medida que estemos tomando sobre las farmacias", explica Martínez Olmos. De hecho, el Gobierno cree que son los laboratorios farmacéuticos los que tienen capacidad para asumir el recorte.
Otro de los asuntos que FEFE critica es la nueva limitación a los descuentos que los laboratorios realizan a los farmacéuticos en casos como el del pronto pago o grandes volúmenes de compra. "La idea es que el laboratorio baje precios en vez de hacer descuentos, pero lo que estas prácticas significan es que nosotros ahorramos costes a los laboratorios en temas como el transporte, no que se puedan bajar los precios de los fármacos", afirma Vallejo.
"Resulta que en un sistema muy regulado, porque todos los agentes así lo quieren, hay incentivos y se ve que hay ciertos márgenes. En un momento de crisis, creemos que es mejor que estos descuentos queden en manos de los ciudadanos", rechaza Olmos.
La cifra
10.000 a 15.000 empleos prevé el sector que se perderán con la aplicación de la nueva norma.
La batalla del Roacután
Los farmacéuticos llevarán el decreto al Defensor del Pueblo y presentarán recursos ante la justicia porque entienden que conculca el derecho a la libertad de elección de farmacia recogida en la Ley de Garantías de 2006. FEFE denuncia que la nueva norma abre la vía a la dispensación en la farmacia de los hospitales para los medicamentos que necesitan visado.Estos fármacos, como el Roacután contra el acné, conocido entre los adolescentes, disponen de visado médico por la peligrosidad de los efectos secundarios o por el alto coste. Según la patronal, la venta de este tipo de medicamentos puede suponer hasta el 10% de su facturación. Por eso, están en contra de "su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los servicios de farmacia de los hospitales", como recoge el decreto.Desde el Gobierno se explica que esta medida, que ya se viene practicando, se recoge para que las autoridades sanitarias garanticen la seguridad de ciertos fármacos que necesiten un mayor control médico. Señalan, además, que serán gratuitos (en ningún caso se venderán en farmacias hospitalarias) y sólo afectará a casos puntuales.