La reforma sanitaria pasa factura a las cajas locales
La ampliación del Medicaid llega cuando se trata de rebajar el coste de este plan.
Poco después de firmar la reforma sanitaria de EE UU, el presidente chocó con las primeras personas que quisieron boicotear la nueva norma. Se trataba de los gobernadores del sur, liderados por el de Alabama, quienes no quería aplicarla.
El choque entre Washington y Alabama no ha sucedido en 2010 sino en 1965, cuando Lyndon B. Johnson promulgó la ley que creaba el Medicare y el Medicaid (financiación pública sanitaria para rentas bajas), y obligó a los hospitales a que trataran a los pacientes negros. Johnson ganó el pulso y con el tiempo, el Medicare, la financiación pública de la sanidad para mayores de 65 años, es el avance social que, ya en este siglo, el Partido Republicano defiende contra viento y marea. Y ello pese a que el mantra de Ronald Reagan, "el estado no es la solución, sino el problema", sigue vigente.
La frustración por parte de algunos de los jefes de los ejecutivos de los estados a la reforma sanitaria se ha repetido. No había firmado Barack Obama la ley aún cuando los despachos de 14 fiscalías generales estatales estaban preparando acciones para atacar la constitucionalidad de una reforma que hace cuasi universal la cobertura porque obliga a quien pueda a contratar un seguro privado o a estar cubierto, si su renta es baja, por un Medicaid expandido.
Desde un punto de vista ideológico, para muchos gobernadores republicanos, la reforma sanitaria patrocinada por Obama es una injerencia del Estado en la vida de sus ciudadanos y en la gestión de los Estados que van a tener en sus manos un Medicaid que ganará en beneficiarios. Además, deben crear un mercado para que las ofertas de las aseguradoras puedan contratarse en una especie de plaza pública con transparencia de precios y competencia.
Pero además, los estados, del color político que sean, tienen otro problema más tangible: hacer frente a los costes cuando desde hace dos años el objetivo es tratar de cuadrar unos presupuestos que no pueden, por mandato constitucional, estar en déficit.
La mayoría ha recortado gastos y subido impuestos. Además se está reviviendo la idea de fiscalizar servicios para intentar cubrir unos gastos que se dedican mayoritariamente a educación y sanidad.
Gastos médicos al alza
En concreto y por lo que respecta a esta última partida, según el Centro de Estudios Presupuestarios y Prioridades Políticas (CBPP en sus siglas en inglés), los estados consignan el 13% de sus presupuestos, unos 140.000 millones de dólares, a este área a través del Medicaid (que se cofinancia con el Gobierno Federal) y el Programa de Seguros para Niños.
A diferencia de la educación, cuyo gasto se ha mantenido estable, la evolución al alza de los costes médicos y al aumento de los beneficiarios de los programas públicos ha ido haciendo cada vez más caros estos programas para las cajas públicas. Hasta 29 estados han hecho recortes en sus prestaciones sanitarias debido a la crisis.
Ahora, con la reforma de Obama, los estados tienen que mantener los servicios que estaban ofreciendo y no los pueden recortar como ha intentado hacer Arizona hace unas semanas. Además, a partir de 2014 tienen que ampliar la cobertura del Medicaid a quienes tengan unos ingresos un 133% por encima del nivel oficial de pobreza. Una familia de cuatro miembros que viva con 29.300 dólares será nueva beneficiaria. La cuenta que se derive de quienes se enrolen por primera vez en este plan estará a cargo de Washington los tres primeros años pero en el futuro, los estados tendrán que abonar el 10% de los gastos totales.
Para Massachusetts donde hay sanidad universal, el cambio no es gravoso pero en Texas, donde se han ido rebajando los criterios para poder solicitar el amparo del Medicaid, se espera que los gastos se disparen en la medida en la que se sumen familias a este programa.
Adicionalmente, el coste del Medicaid subirá porque la reforma establece que los médicos que proporcionan este servicio deben percibir una remuneración que esté al mismo nivel que la de los que proveen servicios para el Medicare, que suelen cobrar un 20% más. De nuevo, habrá una transición y Washington se hará cargo de la factura por unos años.
El peso pera la factura de los estados se dulcificará a medio plazo por esos periodos de transición, la transferencia de fondos federales y la normalización de un sistema cuya disfuncionalidad ha disparado su coste. Eso si, por ahora, ajustarse el cinturón costará más.