El misterio del ACTA continúa

El misterio del ACTA continúa



Cientos de personas (en representación de empresas, de patronales, de organizaciones de consumidores, de asociaciones de internautas, etc.) han asistido esta mañana a la sesión pública organizada por la Comisión Europea en Bruselas para informar sobre las negociaciones del Acuerdo comercial de lucha contra las falsificaciones (ACTA, según sus siglas en inglés). Sobre la cita pesaba la inquietud expresada por europarlamentarios, autoridades de supervisión de protección de datos, compañías de telecomunicaciones e internautas sobre la posible transformación del Acuerdo en un mecanismo de control sobre Internet. Pero las dudas no se han despejado.

La Comisión se ha limitado a repetir que no comenta rumores y que el ACTA no incluirá la posibilidad de cortar el acceso a Internet como medida de protección de la propiedad intelectual. ¿Pruebas? Ninguna, porque ha suscrito un pacto de silencio con el resto de negociadores, entre los que figuran Estados tan transparentes como México, Marruecos o Singapur.

Al final, el principal anfitrión del acto, Luc Devigne, jefe de la unidad de propiedad intelectual de la Dirección General de Comercio de la CE, ha pedido "perdón por repetirme a mí mismo". Y eso es lo que ha hecho durante la hora larga de preguntas que han seguido a su fútil intervención.

El representante de la Comisión no ha explicado el objetivo final del ACTA ni las medidas que incorporará, más allá de insistir en que el único interés de Bruselas es garantizar que se aplica la legislación vigente para impedir que lleguen al mercado copias fraudulentas los productos de las empresas europeas. Para lograrlo, no negocia con China, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos e India, principales puntos de origen de las falsificaciones decomisadas en Europa, según la CE. Ha elegido como socios, en cambio, a EE UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda Canadá, Japón Corea, Suiza, México, Marruecos y Singapur.

La Comisión tampoco ha explicado por qué negocia un Tratado que puede afectar al mundo digital con países a los que no reconoce como suficientemente seguros para transmitirles datos. Ni ha aclarado por qué asegura, por un lado, que es normal que este tipo de negociaciones se lleven en secreto y, por otro, añade que si fuera por ella publicaría los documentos pero sus colegas de conciliábulo no le dejan.

Tampoco se ha despejado la incógnita sobre cómo es posible que los dos principales negociadores, la UE y EE UU, aseguren que el ACTA no les obligará a modificar ninguna ley a pesar de que sus legislaciones son diferentes. Levigne ha admitido la incongruencia. Pero ha repetido una y otra vez que el futuro Tratado no afectará para nada a la legislación comunitaria. ¿Pruebas? Ninguna. Pero quizá tenga razón, porque otra cosa que sigue sin despejarse es si el ACTA llegará alguna vez a entrar en vigor.

Foto: Audiencia pública sobre el ACTA en el edificio Charlemagne de la CE (B. dM:, 22-3-10).

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