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Juicios con traducción obligatoria

Empiezan a caer las fronteras lingüísticas en la justicia europea. La CE ha aprobado un proyecto de Directiva que, si recibe el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de Justicia de la UE, obligará a ofrecer servicios de traducción e interpretación a los ciudadanos europeos que afronten un pleito o un interrogatorio en un país de la UE cuyo idioma no dominan.

Ahora, cada país cumple con más o menos celo la obligación impuesta por la Convención Europea de Derechos Humanos de ofrecer un juicio justo a todos los ciudadanos. Pero la Comisión Europea está convencida de que una de las principales causas de indefensión estriba en que algunos acusados o sospechosos no llegan a saber a ciencia ciertas los cargos que se les imputan o sus posibilidades de defensa porque los tribunales o la policía se dirigen a ellos en una lengua que no entienden.

Hasta hace poco, esos casos quizá eran la excepción. Pero Bruselas cree que con la creciente movilidad de los europeos, a quienes el Tratado de la UE permite "desplazarse y residir libremente en el territorio de los [27] Estados Miembros", cada vez hay más posibilidades de que una persona acabe involucrada en algún procedimiento judicial de cualquier tipo.

El departamento comunitario de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, que dirige la comisaria europea Viviane Reding, apunta varios ejemplos en España, Alemania o Portugal, donde ciudadanos de otros países fueron obligados a firmar documentos que no entendían; se utilizaron pruebas escritas en su contra sin traducírselas; o se les puso un abogado de oficio con el que sólo podían cruzar algunas palabras en inglés. Pero ocurre en toda la UE y más a menudo de lo que cabría pensar. Bruselas remite a la organización Fair Trials International para encontrar más pruebas de la grave situación.

La nueva directiva, que es una de las primeras consecuencias tangibles para el ciudadano del Tratado de Lisboa que entró en vigor el pasado 1 de diciembre, intentará acabar con esa indefensión. La interpretación será obligatoria durante toda la investigación, desde los interrogatorios policiales hasta el juicio, pasando por todas las comunicaciones con los abogados. Los documentos escritos, como la orden de detención o los cargos, deberán ser traducidos a la lengua del acusado. Y para evitar presiones sobre los detenidos, nadie podrá renunciar a la asistencia lingüística sin consultar antes con un abogado.

El objetivo, como ha explicado Reding, es que "nadie en la UE debe sentir nunca que sus derechos no están garantizados simplemente porque no está en su país de origen". Pero falta que los países lo acepten, porque la norma puede suponer una importante carga para el sistema judicial de algunos países, que ni siquiera consiguen dar a basto con los casos tramitados en su propia lengua.

Imagen: Cartel de la película Lost in Transalation, de Sofia Coppola (tomado de la web impawards.

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