Toca reducir el déficit
Cuadrar las cuentas públicas. España necesita casi 200.000 millones en deuda este año, pero las dudas surgidas tras la crisis griega amenazan con encarecer la factura. La única respuesta es la seriedad en las finanzas públicas y el gran reto, demostrar que los sacrificios son digeribles
Llegan tiempos difíciles. El Gobierno tiene ante sí uno de los retos más complejos de los últimos años. Reducir el déficit pero sin poner en peligro la recuperación económica, algo que en cualquier caso, aún no se ha producido en la economía española pues el crecimiento del último trimestre de 2009 terminó con un ligero retroceso del 0,1%. Toca actuar con urgencia. La velocidad y el tremendo deterioro de las cuentas públicas resulta insostenible. Cualquier incertidumbre sobre la solvencia del país puede resultar devastador como ya avisaron hace unas semanas los mercados. El debate está servido. La consolidación fiscal apremia porque retrasarla implicará aumentos de impuestos y reducciones de gastos aún mayores a los necesarias hoy.
Desde 2007 la economía ha pasado de tener un superávit del 1,9% a concluir 2009 con un déficit presupuestario del 11,4% del PIB, consecuencia de la caída de los ingresos y el fuerte aumento de los gastos. La Administración Pública desembolsó 120.000 millones de euros más de lo que ingresó el pasado ejercicio, una dinámica que el Gobierno debe atajar con rapidez. Este deterioro se ha traducido en un fuerte aumento de la deuda pública, que concluyó 2009 en el 55,2% del PIB frente al 36% de 2007 y aunque sigue en niveles inferiores a la media europea del 78%, preocupa no tanto por el nivel de deuda sino por el importante volumen de deterioro en tan poco tiempo. ¿Podrá el Gobierno reducir el déficit al 3% como exigen los requisitos de Maastricht? ¿A qué precio?
Los interrogantes son numerosos pero si algo tienen claro economistas, políticos y ciudadanos es que en tiempos de austeridad como los que vienen el crecimiento terminará resintiéndose. Con todo, la meta de reducir el déficit no parece imposible. "Un reto ambicioso y exigente pero factible a medio plazo", según el servicio de estudios de BBVA. Eso sí, siempre y cuando "todas las administraciones públicas adopten el firme compromiso de llevar a cabo un estricto control del gasto público".
El Gobierno ha centrado la propuesta de consolidación fiscal en el recorte de gastos antes que en los impuestos
El Gobierno ya ha dado unos primeros pasos en la buena dirección. Dado que el potencial de crecimiento de los ingresos públicos es limitado en una época de menor actividad como la actual, la propuesta de consolidación fiscal se centra lógicamente en la reducción de gastos antes que en el aumento de impuestos. El Gobierno ya ha planteado un recorte de gastos de 50.000 millones de euros hasta 2013. A su vez, ha presentado un plan de estabilidad 2010 a 2013 en el que se ha comprometido a reducir el déficit al 3% en 2011. Moody's considera que este ajuste supondrá el 9,6% del PIB y prevé que el 5,25% se podrá conseguir gracias a los recortes presupuestarios de este año, la retirada de estímulos temporales y la reducción de inversiones. Desconfía, sin embargo, de las previsiones de crecimiento del 2,5% que se manejan de media para 2011-2013, los recortes de personal y costes administrativos, así como los ajustes previstos para las administraciones locales, algo necesario para lograr los objetivos y del que aún se desconocen detalles.
La historia juega a favor de España. No es la primera vez que el país saca pecho y pone sus cuentas públicas en orden. Entre 1993 y 1997 se dio un proceso de consolidación fiscal similar y el déficit público pasó del 7,4% al 3,4%, una reducción de 4 puntos del PIB. En esta ocasión el esfuerzo será mucho mayor pero como señalan desde el servicio de estudios de BBVA su componente estructural es relativamente similar. El ajuste esperado en el gasto equivaldría a una reducción cercana al 5% del PIB, incluso por debajo de lo que se logró entre 1993 y 1997 cuando alcanzó el 6%.
La recuperación económica durante los próximos años también será clave a la hora de poner las finanzas públicas en orden y recuperar una parte de los ingresos públicos a través de una mayor recaudación del IVA y del impuesto de sociedades. Y es que la contracción económica ha supuesto un déficit adicional acumulado entre 2007 y 2009 del 4,2% del PIB, según el servicio de estudios de BBVA.
El problema es que el Estado dejará de ingresar muchos recursos derivados de la construcción y el sector inmobiliario. En la medida en que estos sectores ya no volverán a tener el peso económico de antaño, los ingresos públicos tampoco podrán recuperarse tanto. Unos 60.000 millones con los que ya no se puede contar. De ahí la importancia de recortar los costes.
El crecimiento, los tipos de interés y la consolidación fiscal son las variables clave para garantizar la estabilización de la deuda neta. Un estudio de Barclays concluye que cuando el crecimiento supera en un 1% a los costes de financiación esta meta es asumible. Los problemas llegan cuando los tipos de interés superan el crecimiento, de ahí la importancia de garantizar la recuperación aunque no sea suficiente para garantizar la estabilidad presupuestaria sin medidas adicionales.
El acuerdo pendiente con las administraciones locales para frenar los gastos se perfila necesario, además de otras reformas estructurales sobre la mesa como la revisión el Pacto de Toledo y la reforma del mercado de trabajo, pues avances en estas materias ayudarán a reducir con mayor rapidez algunas partidas del gasto y a aumentar el empleo, clave para una recuperación sostenida y necesario también para favorecer el consumo, partida que representa casi dos tercios del PIB.
Los pasos adecuados se están dando pero ahora toca implementar las medidas con rapidez y detallar las reformas pendientes. España no se puede arriesgar a generar desconfianza en los mercados como le ha ocurrido a Grecia, país que no sólo debe hacer frente a un problema de credibilidad tras haber falseado sus cuentas, sino que también tienen ante sí importantes retos políticos y sociales ante la falta de popularidad de las medidas clave a adoptar para estabilizar sus cuentas públicas.
La desconfianza que genera Grecia ha acentuado la percepción de vulnerabilidad de España aunque en las últimas semanas y gracias a los esfuerzos del Gobierno la percepción de riesgo se ha limitado. Es clave no bajar la guardia pues el miedo del mercado puede regresar con rapidez si no se adoptan las medidas necesarias para reducir el déficit. Protestas sociales como en Grecia sólo aumentarían el temor hacia el país, un riesgo que a día de hoy parece limitado.
La confianza es clave pues cuando se mina, sube la percepción de riesgo del país y al Estado le cuesta más financiarse en el mercado. Este año España necesitará pedir 76.800 millones, además de afrontar vencimientos de deuda por unos 120.000, y el incremento de los costes de financiación es una mala noticia pues implica menos recursos para otras partidas presupuestarias. La buena noticia es que la deuda española sigue generando mucha demanda y ahora toca pelear para seguir generando confianza.