De la reforma laboral y otras necesidades
Las propuestas de reforma laboral del Gobierno, presentadas ayer en el Consejo de Ministros, están bien encaminadas, aunque su alcance sobre el volumen de empleo y su estructura (en el corto plazo), y su efecto sobre el necesario crecimiento de la productividad (en el medio término) serán limitados. No obstante, hay que saludar positivamente la reducción de la temporalidad (encareciéndola respecto la indefinida), la mejora del mercado de trabajo de los jóvenes (dirigiendo las bonificaciones a la contratación primordialmente a ese colectivo), la búsqueda de alternativas a la destrucción de ocupación (facilitando el modelo alemán, con reducciones de jornada), o la mejora de la intermediación (permitiendo a las ETT actuar junto a los servicios públicos de empleo).
En el corto plazo, su eficacia es limitada, dadas las características sectoriales y ocupacionales de la crisis. Así, la destrucción de empleo en la construcción (cercana al millón de empleos) era inevitable, ya que refleja la reversión a un peso medio del sector que nunca debió sobrepasarse (en el entorno del 9% de la ocupación total). Además, el choque sobre el empleo industrial (una pérdida de más de 550.000 empleos) deriva de la acentuación en la reestructuración de sectores de bajo valor añadido (iniciada la pasada década), así como de la caída de la demanda interna y mundial con la crisis. A estas contracciones hay que sumar algo más de 300.000 de los servicios (450.000 si sólo se computa 2009), que reflejan el colapso de la demanda interna. El ajuste ocupacional, además, se ha efectuado básicamente sobre la contratación temporal (más del 100% de la pérdida de empleo asalariado, de un total cercano a los 1,4 millones entre el tercer trimestre de 2007 y el cuarto de 2009, y más del 80% en 2009). Finalmente, otro ámbito de ajuste ha sido el del empleo no asalariado, que ha aportado casi 500.000 puestos de trabajo destruidos desde el inicio de la crisis. Por lo que se refiere al aumento del paro, éste expresa la caída de la ocupación y la entrada neta de activos (unos 650.000, cerca del 26% del total de 2,5 millones de nuevos parados).
A la luz de estos hechos, ¿qué resultados cabe esperar de la reforma laboral propuesta? En el inmediato futuro, la posibilidad de reabsorber el millón de empleos perdidos en la construcción es, simplemente, nula. Como lo es también aquella parte de empleo industrial perdido en sectores que ya presentaban caídas de ocupación previas a la crisis. Por otra parte, el impacto de las medidas del Gobierno en el medio millón de no asalariados también será reducido. Finalmente, los cerca de 700.000 nuevos activos tampoco podrán verse afectados inmediatamente por estas medidas. Por tanto, su efecto en estos colectivos sólo será tal si la reforma genera un cambio en la dinámica de creación de empleo. Algo que, en el contexto actual, es difícil de imaginar.
Otra cuestión es la de su impacto en el medio y largo plazo. Y ahí se encuentra a faltar en la iniciativa gubernamental, si más no parcialmente, un hilo conductor que apunte a la mejora más substantiva que deberíamos impulsar en nuestro mercado de trabajo. Y que se resume en el necesario aumento de la productividad y, por tanto, en la caída de los costes laborales unitarios. En nuestro país, por ejemplo, estos costes aumentaron un 3% anual entre 2002 y 2006, frente al -0,1% de Alemania. En esta línea de trabajo, a la reducción de la temporalidad auspiciada por el Gobierno (del todo necesaria para aumentar el nivel del capital humano y, por tanto, que va en la línea adecuada), cabría incorporar la vinculación de los subsidios de desempleo a la formación o la modificación de la negociación colectiva, estrechando la relación del crecimiento de los salarios al de la productividad.
En un contexto en que el país, por vez primera en su historia, afronta una crisis en la que no podemos devaluar, la caída de los costes laborales unitarios y, por tanto, el crecimiento de la productividad del trabajo, se destaca como el eje alrededor del cual debe articularse cualquier reforma. El Gobierno se ha movido algo en esa dirección. Esperemos, por el bien de todos, que los agentes sociales profundicen en la misma línea de trabajo.
Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)