El Gobierno gestiona mal la dificultad
Los acontecimientos que han rodeado a la economía española en las dos últimas semanas han desbordado al Gobierno, y han puesto a prueba su capacidad de coordinación, de comunicación y de gestión política. Tras el tercer grado al que Davos sometió al presidente Zapatero y a la economía española, en el que fueron examinados por una comunidad económica internacional ansiosa de conocer un futuro que no se le demanda a otras economías más endeudadas y con parecidos desequilibrios fiscales, el Ejecutivo se ha puesto las pilas. Definitivamente ha abierto los ojos a la realidad y ha creído entender cuán importante es para el prestigio de un país, de un país que necesita la financiación exterior sobre todo, la credibilidad de su política económica y de sus escenarios presupuestarios, tanto los de medio como los de largo plazo.
El Ejecutivo ha preparado una estrategia de respuesta fiscal que se mueve en el corto y en el largo plazo, con propuestas diferentes, pero que supone cercenar parte de los derechos generados por la ciudadanía, que se ha planteado de forma burda e imprecisa, y sin contar en absoluto con quienes pasan por representantes de la misma. Ha recortado el gasto público sólo un mes después de aprobar el presupuesto, y ha planteado un recorte de gasto adicional de 50.000 millones de euros para los próximos tres años, encomendándose a la buena voluntad de los gastadores más despreocupados del Estado, cuales son las regiones y los ayuntamientos, para tratar de domar un déficit fiscal que supera el 12%, y un avance de la deuda de 15,5 puntos de PIB. Pero para aplacar la furia de unos mercados financieros, ha planteado también un escenario de financiación del Estado del bienestar que requiere endurecer las condiciones de acceso a la jubilación.
Lo ha hecho tarde y lo ha comunicado peor. Aunque sus propuestas están bien encaminadas, porque sin una buena dosis de cada una de ellas la Seguridad Social no tendrá futuro, ha generado el rechazo social. La rocambolesca propuesta enviada ayer a Bruselas y retirada después a plazos, en la que se trata de calmar a la Comisión y a los mercados con la promesa de elevar a 25 años el cómputo de la pensión, además de exigir 17 para tener pensión y elevar la jubilación a 67 años, es el ejemplo más evidente de división en el Ejecutivo, de improvisación en unas propuestas en las que no cree, y de un nerviosismo político impropio de quien lleva seis años gobernando.
Las pensiones son el principal ancla de seguridad en el futuro que tienen los españoles. Y no se puede jugar a los dados con ellas. Si el Gobierno cree en una propuesta que tiene toda la lógica actuarial del mundo, debe plantearla a sindicatos, patronal y partidos políticos sin arrugar al gesto, para poder defenderla en una negociación que debe analizar todas las posiciones, pero que no debe eternizarse.