Zapatero delimita la frontera de una reforma laboral sin abaratar el despido
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se mostró ayer partidario de una reforma laboral, que deberá incluir, a su juicio, una revisión de las bonificaciones a la contratación y excluir el abaratamiento del despido.
La necesidad de la reforma laboral va ganando adeptos en el Gobierno, hasta el punto de que va a ser uno de los platos fuertes que acompañen a la estrategia que complementará la futura ley de Economía Sostenible. Ante el escepticismo general del Congreso sobre las medidas anunciadas por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero trazó las fronteras que no podrá rebasar esta reforma y arrojó algo de luz, a modo de balas trazadoras, sobre las iniciativas que someterá a partir de enero al llamado diálogo social.
Los límites que no sobrepasará esta reforma están claros para el presidente: el juicio sobre el acierto o el error no girará sobre la aceptación o el rechazo de una "muy concreta reforma laboral centrada en exigir un determinado tipo contractual", advirtió el presidente. Tampoco sobre una "reducción de las indemnizaciones por despido o sobre la exclusión de los conflictos laborales de los sistemas de control administrativo o judicial. Este no es nuestro camino ", advirtió. Enviadas estas señales a la CEOE, sobre todo, Zapatero se volcó en las propuestas que el Gobierno trasladará durante el primer trimestre de 2010 a empresarios y sindicatos para abordar un acuerdo ya que el Ejecutivo, dijo, no actúa aquí "como mero espectador". En primer lugar, anticipó una ambiciosa revisión de la política de bonificaciones a la contratación, "reorientando los recursos hacia políticas de empleo más eficientes". Según fuentes gubernamentales, ello quiere decir que el dinero que ahora se destina a estas ayudas, buena parte de ellas ineficaces, se reorientarán hacia auténticas políticas activas de empleo.
La reforma laboral abordará también el sistema de negociación colectiva "para mejorar la flexibilidad interna de las empresas", el refuerzo de los servicios públicos de empleo, de los más débiles de Europa, y la mejora de la intermediación laboral. También están en la agenda reducir la dualidad y la alta tasa de temporalidad y un mayor control sobre los procesos de incapacidad. En último lugar, se sitúa el fomento del uso de la reducción de jornada como vía de ajuste temporal del empleo, y no porque el Gobierno no crea que el llamado 'modelo alemán' no pueda importarse a España, sino porque considera, según estas mismas fuentes, que no va a servir para combatir eficazmente el desempleo, entre otras razones porque no son modelos productivos comparables y, en último extremo, su aplicación sería tardía: el dato de paro registrado correspondiente a noviembre conocido ayer suma más de 60.000 desempledos más.
Un plan de refuerzo en la lucha contra el fraude y la reforma de la Ley del Registro Civil son otras iniciativas anunciadas por el presidente
Algunas fuentes socialistas ven en el anuncio de Zapatero y en el cambio de criterio del Gobierno sobre la necesidad de la reforma laboral, una decisión de pura estrategia detrás de la que se ocultarían dificultades bastante insalvables para que, al final, surja un acuerdo entre sindicatos y empresarios en torno a esta reforma. Otras palabras pronunciadas ayer por el presidente aportan alguna clave: "Nuestro compromiso debe ser el de fortalecer la empresa, nuestras empresas, sin debilitar, y mucho menos aún, perjudicar a los trabajadores. Sólo tendremos éxito si logramos conciliar ambos intereses. Y por eso he defendido siempre que el instrumento más dotado de garantías para lograrlo es el acuerdo entre los interlocutores sociales ". Es decir, reforma laboral sí, pero siempre que cuaje un pacto entre las partes.
La explicación de la futura ley de Economía Sostenible realizada ayer por Zapatero al Congreso no aportó novedades, sí, en cambio, las reformas que el Gobierno quiere que discurran paralelas a dicho proyecto. Entre ellas citó el plan de modernización de la Justicia y la reforma de la Administración.
Entre las iniciativas comprometidas ayer por el presidente destaca la presentación de una reforma de la ley del Registro Civil, un plan de refuerzo de los juzgados de lo mercantil para agilizar los procesos pendientes, un proyecto de ley de mediación y arbitraje para fomentar la solución extrajudicial de los conflictos, la reforma de la ley de Procedimiento Laboral y una reforma integral de la ley Concursal. Algunas de estas iniciativas se encuentran en trámite parlamentario. El mes que viene, el Ejecutivo aprobará un paquete de reformas que completarán el proceso de transposición de la Directiva de Servicios en la Administración estatal. También pondrá en marcha la ampliación de los procesos en los que rige el silencio administrativo positivo y presentará un proyecto de ley de desarrollo del Estatuto básico del empleado público, modernizando la estructura de escalas.
En los planes del Gobierno consta, asimismo, un plan de refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que se pondría en marcha en el primer trimestre de 2010 y que Zapatero no concretó. Tampoco precisó el contenido de la nueva ley de Servicios Profesionales que el Gobierno se propone remitir al Congreso para reducir las restricciones derivadas de la reserva de actividades a determinadas titulaciones, así como la colegiación obligatoria.
Apertura a cambios de criterio sobre la energía nuclear
Si fuera posible un acuerdo con el PP, señaló ayer Zapatero, habría posibilidades de que el Gobierno cambiara los criterios que viene defendiendo hasta ahora sobre la energía nuclear. El presidente advirtió que este cambio de posición podría derivar del "valor añadido" que pudiera aportar este pacto con los populares. A su juicio, el anteproyecto de ley de Economía Sostenible incorpora "previsibilidad" para el sector energético porque fija en 40 años la vida útil de las centrales nucleares, algo que hasta el momento carecía de cobertura legal. De hecho, el presidente vino a reconocer que la decisión de cerrar Garoña, una vez concluya su ciclo de vida útil, se adoptó de alguna manera a pesar de las "lagunas legales" que albergaba esta decisión.De hecho, fuentes de Economía consideran que los cambios que establece el citado anteproyecto de ley con respecto al futuro nuclear sólo delimitan por escrito la vida útil de estas instalaciones, estableciendo excepciones relacionadas con la protección del medio ambiente y la seguridad que ya son tenidas en cuenta en los informes correspondientes, no vinculantes, que emite el Consejo de Seguridad Nuclear. Estas decisiones, dicen las mismas fuentes, "obedecen a criterios políticos", de ahí que se dejen todas las puertas abiertas.En todo caso, Zapatero afirmó ayer que en este asunto "hay terreno para el acuerdo" con el PP, si bien recordó que la posible construcción de nuevas centrales nucleares implicaría un mayor protagonismo del sector público con inversiones más cuantiosas que las que hoy requieren las renovables. "Pongámonos a la tarea de intentar alcanzar un acuerdo en estos temas", añadió el presidente, quien informó, no obstante, de la falta de respuesta con la que el PP ha abordado las propuestas que por escrito le ha formulado el Ejecutivo.
Escepticismo en la oposición
El "rótulo luminoso en un solar vacío" con el que Mariano Rajoy bautizó ayer la futura ley de Economía Sostenible se convirtió también para el resto de la oposición en una especie de luz de neón decadente y solitaria. Para el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, los anuncios realizados ayer por Zapatero tienen "mucho envoltorio y poca proteína", sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno podría haber aprovechado los Presupuestos de 2010, aún en tramitación parlamentaria, para incluir estas reformas. A juicio del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, los planes del Gobierno son tibios en lo que afecta a la reforma laboral y al futuro energético, dos asuntos que su partido considera claves para la salida de la crisis.
Rajoy suscribe las propuestas de los empresarios
"No escuchar las demandas de los empresarios es literalmente suicida", afirmó ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, en la clausura de la Conferencia Empresarial de la CEOE. Asistió allí tras lidiar con el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Hay quien no es austero ni en el uso de la palabra", dijo para justificar su retraso. Rajoy continuó elogiando la labor de los emprendedores y reconociendo "la deuda que el conjunto de la sociedad" tiene con ellos.El líder popular hizo suyas las propuestas de la CEOE, que le fueron entregadas en mano por su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. æpermil;ste anunció que haría lo propio con todas las administraciones públicas, partidos políticos y sindicatos. El documento recoge reclamaciones clásicas de la patronal, como la rebaja de cinco puntos en el impuesto de sociedades, o la reforma laboral, si bien, evitando la expresión "abaratar el despido". También Rajoy se cuidó de pronunciarla, reivindicando, más bien, la apertura de la recolocación laboral a las empresas privadas.En la línea de la financiación, uno y otro criticaron el aumento del número de funcionarios y del gasto público. El jefe de la oposición se mostró partidario de que los 8.000 millones de euros dedicados este año al Fondo Estatal de Inversión Local se hubieran dedicado a pagar las deudas que las administraciones públicas tienen con sus proveedores."Les deseo el éxito que yo no he tenido insistiendo al Gobierno en la necesidad de cambiar el rumbo e introducir profundas reformas", concluyó Rajoy. Aunque su presencia en la Conferencia fue celebrada, quien disfrutó de más deferencias fue su compañera de partido Esperanza Aguirre, a quien Díaz Ferrán alabó repetidamente.
Pensiones públicas
La reforma de las pensiones, a través del Pacto de Toledo, forma parte de la estrategia que acompaña a la Ley de Economía Sostenible. Zapatero facilitó ayer una clave que admite interpretaciones: dijo que su propuesta se dirigirá a "asegurar la estricta correspondencia entre cotización y prestación". En fuentes del Trabajo le quitaron relevancia a este anuncio. Zapatero también prometió incentivos "eficaces" para la prolongación de la vida laboral, y la integración de los diferentes regímenes de la Seguridad Social.
