Zapatero anuncia por sorpresa una reforma de la ley de cajas de ahorros
¿Desautorización a Elena Salgado? ¿Mayor permeabilidad hacia el criterio del gobernador del Banco de España? En el Gobierno se prefiere no interpretar el anuncio que ayer realizó José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso, donde anunció su disponibilidad a reformar la ley de cajas de ahorros (Lorca) en el tercer trimestre de 2010. El anuncio sorprendió al sector, aunque considera que los cambios pueden llegar demasiado tarde.
Dentro de la estrategia que acompaña a la futura Ley de Economía Sostenible, el presidente del Gobierno anticipó ayer su disposición a afrontar "cambios regulatorios" en el sistema financiero que incluirán, "en su caso, la reforma de la Ley de ârganos Rectores de Cajas de Ahorros" (Lorca) con el fin de reforzar su funcionamiento. Detrás de esta posible reforma, matizó Zapatero, no se esconde un afán del Ejecutivo de "demonizar" a los políticos que ejercen como gestores de algunas entidades, sino conseguir que éstas últimas consigan ser "más competitivas".
Para descartar cualquier sintonía con los postulados que hasta ahora ha defendido el PP a favor de una reforma de la ley de cajas, Zapatero recordó que "algunos de los principales estafadores" del sistema financiero, en referencia directa a Bernard Madoff, tenían exclusivamente un perfil financiero.
El presidente del Gobierno recordó que las cajas son las que tienen comprometido un mayor voinmobiliario y, en este contexto, las emplazó a afrontar un ajuste "lo antes posible" para que la concesión de préstamos "favorezca la recuperación de la actividad económica". Avanzó que durante el primer semestre del año que viene, el Gobierno, en colaboración con el Banco de España, "velará porque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sirva de "ayuda efectiva" a este proceso de reestructuración.
El presidente emplaza al sistema financiero a afrontar rápido su ajuste
El PP se mostró sorprendido por este cambio en la actitud del Gobierno que lleva implícita la disposición a reformar la ley de cajas, toda vez que en numerosas ocasiones la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha exteriorizado su rechazo a abordar cambios en la Lorca. Mientras que fuentes del Gobierno no se atrevieron ayer a interpretar lo que esconde el anuncio del presidente, fuentes del PSOE precisaron que lo importante "no es tanto el anuncio de la reforma como lo que puede haber detrás, que todavía está inédito".
Fuentes del PP señalaron que en esta batalla ha ganado posiciones la actitud del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, favorable a un cambio de la ley de cajas "ya que se ha visto que algunos procesos de fusión pueden chocar con la falta de la cobertura legal necesaria" y pueden quedar bloqueados por impugnaciones imprevistas. Según estas fuentes, la propia CECA y los abogados que están supervisando este proceso han dado en numerosas proceso han dado en numerosas ocasiones la voz de alarma sobre estas lagunas legales, circunstancia que habría llevado a La Moncloa a ser permeable al criterio de Ordóñez y de la propia CECA. El PP considera que también ha ejercido una influencia notable en este cambio de postura el criterio del presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer.
La reforma, que se hará por consenso, se llevará a cabo en el tercer trimestre de 2010. Pese a que Zapatero atiende así a las nuevas reclamaciones que el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, volvió a lanzar la semana pasada, el sector considera que las modificaciones pueden llegar tarde. Argumentan que la gran reestructuración del sector se está produciendo ahora y que terminará en abril. Hasta entonces, los Gobiernos autonómicos aprovecharán para crear una sola caja regional que les permitirá aumentar su influencia en el sector financiero. "Serán nuevos bancos públicos", apuntan varias fuentes.
Las cajas quieren que el Gobierno siga las recomendaciones que ya hizo en 2006 el FMI para despolitizar el sector.
Reclamaciones
Una de las principales peticiones del sector de cajas es su despolitización. Cree que los Gobiernos regionales no deben de sentarse en sus asambleas. Considera que no pueden supervisar, legislar y estar presentes en sus órganos de gobierno. El gremio también quiere hacer más atractivas las cuotas participativas. Reclama que tengan derechos políticos.
