Economía

Garmendia choca con Salgado para sacar adelante la Ley de la Ciencia

Los Ministerios de Ciencia y Hacienda libran una dura batalla a costa de la nueva Ley de la Ciencia. El primero quiere incluir en el texto la creación de una agencia estatal para financiar la investigación básica, algo a lo que por el momento se niega Hacienda, ya que supondría perder en cierta medida el control sobre el gasto de dicho organismo.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

El gasto en I+D+i sufrió en los Presupuestos de 2010 el primer recorte desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno. Una merma de 257 millones de euros que hicieron saltar todas las alarmas en la comunidad investigadora, pese a lo que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, no cambió el tono de su discurso. "El recorte será sólo en 2010 y los centros de investigación cuentan con remanentes de tesorería suficientes para afrontar el ejercicio", señaló insistentemente al ser preguntada por el recorte.

Y es que el as que guarda en la manga se llama Agencia Estatal de Financiación de la Investigación Básica, un organismo autónomo que, una vez que salga adelante la Ley de la Ciencia, se integrará en la estructura del ministerio y tendrá como principal objetivo captar fondos para la investigación básica.

Así consta en el primer borrador de la ley, en el que se autoriza al Gobierno a poner en marcha este organismo, que tendrá que contar con una fecha para el inicio de su funcionamiento y con una dotación presupuestaria anual.

Y ése es el principal punto de divergencia entre los departamentos que dirigen Garmendia y Salgado. La ministra de Ciencia e Innovación está peleando muy duro, según fuentes conocedoras de la investigación, para poner en marcha la Agencia Estatal en cuanto se apruebe la norma, dada la independencia que le proporcionaría en materia económica.

Capacidad para endeudarse

"Si sale adelante en los términos en los que está planteada, la agencia tendría capacidad para endeudarse y la concesión de ayudas no tendría que pasar por el trámite de publicación del BOE", señalan estas fuentes, que recalcan además que la dotación de este organismo de nueva creación no tendría que estar sometida a la negociación puntual de los Presupuestos Generales del Estado.

Una autonomía que no está dispuesta a conceder el Ministerio de Hacienda, ya que ésta supone en la práctica cierta falta de control sobre una partida de gasto que cada vez cobra más relevancia. En 2010, los recursos para I+D+i, pese al recorte experimentado, sumarán 7.946 millones de euros, una cifra que se consolidaría anualmente con la creación de la agencia estatal.

De este modo, la gestión de las ayudas para I+D+i descansaría sobre dos ejes: las dirigidas a la investigación aplicada (aquellas que hacen las empresas para crear procesos y productos), que estarán centradas en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Este organismo se integró en el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2008 y en ese ejercicio gestionó ayudas para 1.416 proyectos por valor de 1.000 millones.

Y de otro lado estarán las ayudas a la investigación básica (aquellas que realizan los investigadores y que no siempre tienen un fin comercial), que asumirá la futura Agencia Estatal de Financiación.

Pero ésta no es la única disputa que mantienen Ciencia y Economía. Garmendia quiere compensar el recorte de fondos en I+D+i con aportaciones procedentes de la Ley de Economía Sostenible, dotada con un fondo de 10.000 millones. El objetivo fijado es obtener 500 millones de esos recursos para el próximo año, a los que habría que sumar otros 500 millones pertenecientes al Fondo de Inversión Local. Fuentes del departamento de Garmendia apuntan que la aprobación de la Ley de Economía Sostenible dejará el camino libre para el refrendo de la nueva norma de la Ciencia, que se aprobaría, según sus cálculos, 15 días después.

Las cifras

500 millones prevé obtener el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Fondo de la Economía Sostenible.

7.946 millones es el gasto previsto para las políticas de I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

Recorte en las subvenciones y alza de los créditos

El deterioro económico ha obligado al Ejecutivo a establecer cambios en la dotación de los capítulos que cubren la política científica. Desde 2004, el capítulo no financiero, en el que se incluyen todas las ayudas directas y subvenciones a centros de investigación y fundaciones, había experimentado un crecimiento sin precedentes. Sin embargo, esa tendencia se ha visto rota en los Presupuestos para 2010, como consecuencia del ajuste que han sufrido las políticas de gasto.

De los 2.194,1 millones que se presupuestaron en 2009 para este tipo de gasto se ha pasado a 1.652,2 millones, lo que representa un recorte de 541 millones de euros (un 25,5% en tasa interanual). Los principales perjudicados por este descenso han sido los organismos autónomos de investigación, que han visto recortado un 15% su presupuesto no financiero. Todo lo contrario ha sucedido con el capítulo financiero, fundamentalmente préstamos, que no computan como déficit y que han crecido un 4% en un entorno de fuerte ajuste. En 2010, el gasto en créditos se elevará a 5.712 millones, lo que supone un incremento del 4% en tasa anual. Esta partida ya representa el 62% del presupuesto.