Austeridad fiscal compartida
El debate sobre la austeridad de las Administraciones parece que se ha limitado al Gobierno central, dejando fuera a los autonómicos. Sólo así se entiende que el gasto conjunto de 15 regiones -todas, menos Asturias y Aragón, cuyos datos siguen sin estar disponibles- supere en 2010 lo presupuestado para 2009. Aunque el aumento sea un liviano 0,1%, es sintomático que en lugar de reducir sus presupuestos, en plena recesión los hayan aumentado. Y más cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado unas cuentas con un recorte del gasto del 3,9% y se le acusó de escaso.
Es injusto, sin embargo, medir a los 15 Ejecutivos autónomos por la media. De ellos, son un tercio los que suben los gastos (La Rioja, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Canarias). Y lo hacen de forma dispar, desde casi un 6% de Cataluña hasta el 0,57% de Canarias. Por contra, los otros diez han ajustado sus presupuestos a la baja, una medida más acorde con la profunda caída de ingresos fiscales sobrevenidos con la recesión. E igualmente aquí, las diferencias son significativas. Los recortes oscilan entre el 5% de Baleares hasta el modesto 0,1% de Andalucía.
Estas profundas diferencias ponen de manifiesto que el comportamiento poco austero de algunas comunidades no puede justificarse por la naturaleza del gasto que gestionan. Es cierto que algunos de los servicios que prestan, como educación y sanidad, son poco flexibles al recorte, pero lo son por igual para todos los Gobiernos autonómicos. Tampoco parece que haya influido en la política presupuestaria la adscripción ideológica, pues hay de una y otra indistintamente en la parte de los ahorradores y en la de los manirrotos. De hecho, el Ejecutivo que más prevé gastar y el más ahorrador son ambos de signo socialista.
No hay causas que justifiquen que unos responsables económicos regionales hayan sido menos respetuosos con el rigor en el gasto que otros y presenten a sus parlamentos unos presupuestos expansivos. El fuerte déficit fiscal previsto para el próximo año -el Gobierno central lo estima por debajo del 10%, pero organismos como el FMI o la Comisión Europea consideran que sobrepasará con creces ese nivel- exige de sacrificios por parte de todas las Administraciones, autonómicas y locales incluidas.
Frente a la decisión del Gobierno central de incrementar los impuestos para reducir el déficit, la mayoría de las comunidades que aumentan su gasto, con Cataluña a la cabeza, han optado por acudir a la deuda pública. Sería deseable que hubieran tenido suficiente valentía como para subir la presión fiscal a su electorado y haber asumido el coste de explicar que el aumento del gasto público tiene que ser pagado de algún modo. Lo que no es de rigor son esas procesiones a Madrid con el objetivo de arañar ingresos extra.