Contrato único para salir de la crisis
Los datos de Seguridad Social de septiembre continúan siendo realmente malos. Hemos perdido casi un millón y medio de afiliados desde mayo del año pasado. La especialización en actividades poco intensivas en capital humano es una de las causas de la actual situación. Pero esta característica de la economía española no explica por sí sola la situación actual: no se puede olvidar la dualidad existente en el mercado laboral entre trabajadores temporales e indefinidos. Esta segmentación contractual es la responsable de nuestra mayor tasa de destrucción de empleo, ya que dos de cada tres trabajadores despedidos hasta ahora tenían un contrato temporal. Pero ahora les toca el turno a los indefinidos, que están siendo despedidos a ritmos cada vez mayores. Este problema parece no ser entendido por el Gobierno. Las medidas adoptadas hasta ahora eran seguramente necesarias, pero más aún lo es reformar las estructuras laborales que tanto daño hacen a jóvenes, mujeres e inmigrantes.
¿Queremos que, cuando llegue la recuperación económica, volvamos a crecer creando sólo empleos temporales? Estaríamos condenando a estos ya más de cuatro millones de parados a la precariedad en la que viven los otros casi cuatro millones de trabajadores que tienen todavía un contrato temporal. Estos trabajadores vienen sufriendo de manera continua el despido libre y barato que existe en España desde hace 25 años y que provoca una excesiva rotación laboral (hasta 2008 eran necesarios cinco años y más de siete contratos para alcanzar un contrato indefinido), además de coartar sus decisiones más importantes (formación, emancipación, natalidad, etcétera).
Por eso las diferencias en el diseño de los contratos temporales e indefinidos tienen que desaparecer. Una solución apuntada por 100 economistas en la reciente Propuesta para la Reactivación Laboral sería sustituir todos los contratos existentes actualmente por un único contrato nuevo para las nuevas contrataciones. æpermil;ste debería tener una indemnización por despido que, empezando con un nivel superior al actual de los contratos temporales, crezca a un ritmo moderado (dos o tres días adicionales por año trabajado) hasta acabar en un valor intermedio entre los 33 y los 45 días existentes para los actuales contratos indefinidos. Simulaciones realizadas partiendo de una descripción realista de la situación actual de la economía española nos indican que con un diseño de este tipo las indemnizaciones por despido medias de la población actual no sólo no bajarían sino que subirían ligeramente, aumentando considerablemente la duración del empleo dentro de la misma empresa. Otra ventaja de este contrato, muy importante para ayudar a que los nuevos proyectos empresariales que se implanten en el futuro tengan menos fuentes de incertidumbre, es que la estructura de costes de sus nuevos trabajadores sería clara y sencilla: si tienen que despedir, por causas no discriminatorias, la indemnización a pagar al trabajador se calcularía mediante una sencilla fórmula en función de la antigüedad del trabajador.
Este nuevo contrato tendría efectos muy beneficiosos para la población actualmente más desprotegida: los parados y los trabajadores temporales. En efecto, no sólo saldrían de la espiral de precariedad estable en la que han vivido en el pasado, sino que en caso de despido disfrutarían de indemnizaciones mejores que las que han tenido hasta ahora. Pero esto no supondría necesariamente un aumento de costes para las empresas. Si se regula adecuadamente, es fácil prever que la probabilidad de despido bajo el nuevo contrato único será sustancialmente menor a la que actualmente sufren los trabajadores temporales. En este caso, el coste medio esperado de un posible despido futuro será, sin duda, menor al actual para las empresas que utilicen estos contratos.
Seguramente este cambio no será suficiente para alcanzar pronto un período de crecimiento sostenible -o no tan precario como el del pasado-. Habrá que acompañar esta medida de otras reformas importantes de la negociación colectiva, la intermediación laboral, el sistema educativo, etc. Pero éste sí que podría ser el incentivo necesario para que los nuevos proyectos empresariales se pongan en marcha y avancen con mayor certidumbre y posibilidades de éxito, contando con una fuerza de trabajo más formada y más implicada en el proyecto a desarrollar.
J. Ignacio García Pérez. Profesor Titular y Director del Master de Economía de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)