Reglas de financiación más claras
En los tiempos de bonanza, cuando el crédito fluía sin trabas, la financiación no solía ser problema a la hora de costear las obras públicas. Muchas constructoras y/o concesionarias contaban con financiación abundante para adelantar los fondos destinados a construir infraestructuras como autovías y autopistas e, incluso, hospitales o cárceles. Sin embargo, la crisis ha dado al traste con la abundancia de fondos, lo que ha complicado la ejecución de numerosas obras, como las reformas de las autovías de primera generación o la explotación de las radiales de peaje de Madrid.
El Gobierno quiere evitar que los vaivenes económicos vuelvan a privar a las constructoras y concesionarias de la liquidez suficiente para abordar con cierta fortaleza los proyectos de obras públicas. A tal fin ha elaborado una ley, actualmente en fase de anteproyecto, que establezca un marco regulatorio más claro y garantice vías de financiación para los proyectos de infraestructura elaborados conjuntamente entre el sector privado y el público.
Por un lado, la norma establece una batería de instrumentos financieros como avales públicos -tanto de la Administración central como de sus organismos-, emisión de obligaciones, créditos participativos o titulizaciones de derechos de cobro. Sin duda contribuirán a romper la dependencia de las concesionarias de la banca y les permitirá acceder a dinero abundante y más barato. Pero, por otro lado, la futura ley endurece las condiciones para optar a las concesiones. Así, se exigirá a las empresas que su capital suscrito sea al menos equivalente al 10% de la inversión total que deba realizar. Igualmente, pone trabas a la hora de recibir avales públicos si la concesión tiene alguna hipoteca. Y, de existir esta, no podrá ser por un plazo superior al periodo fijado para la explotación de la obra.
Una regulación clara de la financiación de las obras públicas supone un gran avance, pues es prioritaria para que cualquier empresa calcule el posible retorno de su inversión. Además, exigir garantías mínimas a las empresas es una contrapartida justa que deben satisfacer para evitar futuras complicaciones financieras que perjudiquen la realización de las obras. Las quitas excesivas, que indefectiblemente terminan en ampliaciones de presupuesto, son un mal demasiado extendido en el sector.
La iniciativa legislativa parece así un acierto. Sin embargo, se equivoca en su decisión de excluir de la regulación de los avales a comunidades autónomas y ayuntamientos. Cierto que estas Administraciones disfrutan de transferencias que hay que respetar, pero es más eficaz establecer unas normas básicas. Se evitará así una dispersión normativa que genera confusión burocrática y encarece los procesos legales. El Gobierno está a tiempo de negociar un único modelo general que incluya a las comunidades y a los municipios