La distribución se aferra a los estímulos
En pleno debate sobre la conveniencia de mantener los estímulos fiscales y monetarios a la demanda en todo el mundo para superar la crisis, o de si han de ser retirados paulatinamente, la oferta de la economía real en España ha tomado ya una decisión: prolongar los incentivos para mantener vivos los negocios. Con nuevas estrategias comerciales, la distribución de equipamiento personal (vestido y calzado), la restauración, las empresas de ocio (viajes y alojamiento) y otros sectores de distribución minorista están sustentando las rebajas de sus precios de forma indefinida en busca de una ampliación de las ventas, aunque sea en muchas ocasiones a costa de una reducción temeraria de los márgenes en sus cuentas. Lógicamente en otros casos están utilizando la munición que suponía mantener en la recámara unos márgenes de explotación exageradamente abultados como los que eran comunes en los años de bonanza.
Esta novedosa fórmula de gestionar la venta de bienes y servicios en España es el indicador más explícito de la pobre marcha de la actividad económica, que a la debilidad de las compras por un estado de ánimo todavía muy pesimista, la ciudadanía ha incorporado ya un activo espíritu crítico hacia los mecanismos de formación de precios y los niveles de los mismos en los productos y servicios que consume, sobre todo por la capacidad creciente de disponer de referencias comparativas. Es cada vez más habitual la comparación de tarifas antes de tomar una decisión de compra, salvo en los casos de artículos de muy bajo valor monetario, así como demanda de calidad adicional en toda la cadena de consumo. Además, se ha convertido también en un acicate adicional de extraordinario valor para espolear una competencia sana entre jugadores que habían pasado varios años nadando en la abundancia, ante una demanda acostumbrada a encajar sin miramiento alguno las alzas de precios en casi todos los sectores.
La crisis de demanda que atenaza a una economía como la española, que ha destruido 1,5 millones de empleos en un año, y que maneja abiertamente la expectativa de intensificar la pérdida de puestos de trabajo en los próximos trimestres mientras se retrasa casi sine díe la fecha de una recuperación, ha hecho prolongar los periodos tradicionales de rebajas durante todo este mes de septiembre, y abrir líneas de productos y servicios low cost en distribuidoras insospechadas, precisamente aquellas que hasta ahora, pese a ser siempre agresivas en su marketing, habían mantenido el reinado de la marca como estrategia de difusión. Estas prácticas comerciales, que en muchos casos pueden convertirse en un agresivo mecanismo estructural de conquista de cuotas adicionales de mercado, revelan que el precio ha sido el único estímulo para la demanda en los últimos meses, y que de retirarlo ahora las ventas volverían a un estado de parálisis en el que se encontraban antes del verano.
Pero sobre todo deben ser consideradas también como un serio toque de atención por el Gobierno, decidido como está a forzar una elevación generalizada de los precios con una subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA), con la única excepción de los bienes de primera necesidad, o de los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco o los carburantes, además de mermar la capacidad de compra de la ciudadanía con ajustes fiscales de otra naturaleza.
Las necesidades financieras del Estado son realmente abrumadoras, con un déficit que superará este año y el que viene el 10% del PIB. Por tanto, nadie discute que las Administraciones públicas deben recuperar el rigor en el manejo de sus ingresos y pagos para mantenerse en los estándares de los socios comunitarios y en niveles financiables en todo caso. Pero el Gobierno debería analizar con más profundidad de la exhibida hasta ahora si el tiempo de subir los impuestos ha llegado ya, o tiene que esperar por imperativo categórico. Toda decisión de subidas de impuestos que recorte la capacidad de compra de los españoles en este momento debe ser pensada y medida dos veces antes de ponerla en marcha, porque puede generar efectos no deseados, tanto sobre la marcha del gasto, como sobre el desempeño futuro de los ingresos fiscales. Una subida de los impuestos puede ser ahora la fórmula más rápida de prolongar la recesión.