Soluciones para las arcas municipales
A nadie se le escapa, ni tampoco al Gobierno, la delicada situación económica por la que están atravesando los ayuntamientos españoles. Muchos de ellos están técnicamente en concurso de acreedores, y sus impagos están afectando la supervivencia de sus proveedores habituales, especialmente pymes que generalmente no disponen de un colchón financiero suficiente para resistir a la morosidad pública.
El Ayuntamiento de Madrid no se libra de esta situación. Se trata del municipio más poblado de España y su deuda es, en valor absoluto, diez veces la de Barcelona u ocho veces la de Valencia (la segunda más endeudada entre las ciudades españolas que sobrepasan el medio millón de habitantes). Ante tal situación, el consistorio de la capital prefiere asumir el coste político -y probablemente electoral- de subir los impuestos a sus administrados para sanear sus cuentas. Así pues, propone que se modifique el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como el impuesto de plusvalía, para que aporte más fondos a las arcas municipales. Actualmente, cuando se produce la compraventa de una vivienda, el vendedor debe abonar la plusvalía que se establece con un porcentaje sobre el valor catastral del terreno. El equipo de Alberto Ruiz-Gallardón pretende sustituir como base de cálculo el valor catastral por el valor de mercado, ostensiblemente superior, lo que podría reportar 250 millones de euros extra al año. Sin embargo, la propuesta de la Hacienda madrileña es mucho más amplia, pues busca un ajuste de la financiación tributaria local en su conjunto. En palabras de su máximo responsable, Juan Bravo, esa subida impositiva podría compensarse con la bajada de otras figuras tributarias.
Quizá la solución que propone Madrid no sea técnicamente la más adecuada, pues en definitiva lo más ortodoxo sería grabar la plusvalía real, es decir la diferencia entre lo que pagó el vendedor en su día por el inmueble y lo que obtendrá por la venta. Pero eso es lo de menos. Lo relevante es que el principal consistorio de España exige respuestas a un problema financiero real y acuciante que no debería quedarse en el olvido. Cierto que la crisis ha mermado abruptamente los ingresos públicos y que la petición municipal se asemeja bastante a una llamada de socorro.
Pero a pesar de ello, es preciso que el Gobierno busque soluciones a la financiación local. Ya ha incumplido su compromiso de haber reformado la Ley de Haciendas Locales a la par que la financiación autonómica, aplazado sin un motivo aparente. La propuesta del Ayuntamiento de Madrid es una base de partida y merece ser considerada. Y aunque las ayudas económicas que se adoptarán en los próximos Presupuestos para aliviar a los ayuntamientos son necesarias, no dejan de ser parches y no la solución.