Madrid plantea gravar la 'plusvalía municipal' a valor de mercado

Ante la revisión de todo el sistema tributario planteada por Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid reclama una reforma en profundidad del impuesto municipal que grava las plusvalías derivadas de la venta del suelo de un inmueble, de manera que se aplique sobre el valor de mercado y no sobre la referencia catastral.

Consciente del grave problema de financiación que tienen los municipios, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, reclama a Hacienda que aproveche la anunciada revisión del sistema tributario para analizar todas las figuras impositivas vigentes en las distintas administraciones públicas.

El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, asegura que no tiene por qué ser malo subir impuestos si al mismo tiempo ese incremento va acompañado de la rebaja de otros u otro tipo de reestructuraciones. Así, propone abordar un cambio en la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal, de modo que ésta tome como referencia el valor de mercado de los inmuebles y no el catastral, como ocurre en la actualidad. No en vano, en Madrid, y tras la última actualización, el valor catastral de los bienes inmuebles equivale sólo al 18% del valor de mercado. De esta manera, Bravo defiende que con un aumento de la base imponible, cuya modificación pasa por cambiar la ley de Haciendas Locales, y en función del tipo que se aplique, los ayuntamientos podrían obtener un aumento significativo de ingresos. "Para Madrid supondría unos 250 millones de euros adicionales", sostiene.

Nuevas tasas

La plusvalía municipal es el cuarto tributo en importancia por recaudación, según los últimos datos sobre los ingresos municipales de 2008, ya que por este concepto los ayuntamientos obtuvieron ese año 1.672 millones de euros.

Además de esa reforma, la Concejalía de Hacienda de la capital pide que se establezca el denominado IBI social (más conocido como contribución urbana), con tipos progresivos y una bonificación de hasta el 50%, según la renta del titular. También, exige que el impuesto de circulación se grave en función de la contaminación y el valor de mercado del vehículo. Como contrapartida de todos estos cambios, Gallardón se compromete a suprimir el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que penaliza la actividad económica, pese a ser el segundo tributo en importancia, sólo superado por el IBI. La corporación madrileña recuerda que tales propuestas cuentan con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y recrimina al Gobierno central que haya vuelto a incumplir su promesa de reformar la financiación local. De ahí, que a los municipios no les quede más remedio que aplicar nuevas tasas, como la que empezará a cobrar Madrid este año por la recogida de basuras.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, está dispuesto a tratar todos los cambios, pero espera que la propuesta se haga oficial por la FEMP.

Alarma ante la posible pérdida de 3.000 millones

Una de las máximas preocupaciones con las que trabajan los municipios en estos momentos es saber si finalmente verán mermados sus ingresos procedentes de las entregas a cuenta que realiza el Estado.Según explica el delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, la pérdida de financiación en 2010 de todos los municipios será de, "al menos 3.000 millones de euros respecto a 2009", debido a que la evolución de la economía está siendo inferior a lo previsto en las entregas a cuenta y también por las rebajas fiscales operadas por el Gobierno central sobre IRPF e IVA, que están afectando a las transferencias a los entes locales.A la espera de cómo se articulen los nuevos cambios fiscales (subida de impuestos) las previsiones para 2011 pueden ser peores con una caída de ingresos municipales "que podría alcanzar los 4.500 millones", algo que según Bravo dejaría a la mayoría de los entes locales "sin poder pagar ni siquiera sus gastos corrientes".Como contrapartida a esta pérdida de recursos, desde el Ayuntamiento de Madrid se recuerda que el Gobierno central sólo ha propuesto una nueva edición del fondo estatal de inversión local por valor de 5.000 millones de euros que, como el primero de 8.000 millones, no podrá ser destinado a financiar gasto corriente, sino sólo a inversión productiva. El Consistorio madrileño plantea que se reste los 3.000 millones demandados a esos 5.000 millones, de modo que los municipios "no tengan que dejar de prestar servicios por falta de financiación". Además, sería necesario que el Gobierno central condone o, al menos aplace, la devolución de las entregas a cuenta recibidas por los municipios, ya que en muchos casos éstas serán superiores a la liquidación final, dada la caída del PIB.

Medidas urgentes que reclaman los entes locales

La reforma de la financiación local debe enfocarse a compensar a los ayuntamientos por los gastos impropios que asumen y a definir su participación en los ingresos de las comunidades autónomas.El Estado debe devolver a las corporaciones locales el IVA pagado por las inversiones contempladas en el actual Fondo de Inversión Local de 8.000 millones de euros (calculado en 1.103 millones) para destinarse a gasto corriente.Ampliar las subvenciones a las entidades locales por los servicios que prestan de transporte colectivo urbano.Creación de un fondo especial para la financiación de los municipios con una población no superior a los 20.000 habitantes. Además, plantean también un fondo de nivelación para compensar la reducción de las entregas a cuenta de 2009 y exigen una moratoria en el reintegro de las liquidaciones definitivas. En este sentido, apuestan por elevar las entregas a cuenta del 95% al 98%.Otra de las demandas que llevan tiempo reclamando los ayuntamientos, ante la ausencia de un nuevo modelo de financiación local es la modulación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Supondría la posibilidad de mayor endeudamiento.Para paliar los problemas de liquidez a los que deben enfrentarse las corporaciones, solicitan que se puedan ampliar aún más los plazos de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Hacienda Pública.Mejorar el acceso a la financiación de los ayuntamientos que se encuentren en equilibrio corriente y cuenten con un nivel de endeudamiento inferior al 65%. Quieren que pueda financiarse el remanente negativo de tesorería y autorizar, con carácter excepcional, la conversión de deuda financiera por operaciones de tesorería a corto en operaciones de préstamo a largo plazo.Madrid apela al Estado para que equipare la ratio de financiación por habitante con la que recibe Barcelona, que es 134 euros más per cápita, lo que supondría para la capital recaudar más de 400 millones anuales adicionales.