Acaba la tregua estival y el paro crece de nuevo
El paro registrado aumentó durante agosto en 85.000 personas, una cifra que pone fin a la racha de descensos del desempleo iniciada en mayo. Se rompe así una tregua de tres meses favorecida por la creación de trabajos ligados a las actividades estivales, de marcado carácter temporal, y por la contratación de trabajadores para llevar a cabo las obras municipales pagadas con los 8.000 millones de euros del Plan E del Gobierno.
El aumento del desempleo en agosto no debe ser una sorpresa para nadie. Es lo previsible y, de hecho, hay que remontarse al año 2000 para encontrar reducciones de las cifras de paro en este mes. Para los menos documentados, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya anticipó los datos negativos, aunque también ha reconocido que el número de parados seguirá aumentando en los próximos meses. Pero no por previsible deja de ser un mal dato: si se compara con años anteriores, sólo en 2008, cuando se registraron 103.000 nuevos parados, se superó el número de desempleados de este agosto.
El Gobierno, sin negar la evidencia de la gravedad del paro, considera que lo peor ha pasado ya y que los próximos meses el aumento del desempleo arrojará registros más moderados que los de finales de 2008 y el primer trimestre de 2009. Si se analizan las cifras de los afiliados a la Seguridad Social, cabría confiar en que así será, pues según los datos desestacionalizados se han creado en agosto 75.000 empleos. Sin embargo, el optimismo del Ejecutivo no se sustenta en medidas concretas que contribuyan a crear empleo.
El Gobierno ha centrado sus esfuerzos contra el paro en medidas defensivas, que buscan paliar los efectos sociales del desempleo, más que en fórmulas eficaces que contribuyan a crear puestos de trabajo. En esta línea, sus actuaciones se han centrado básicamente en dos direcciones. Primero, políticas keynesianas, a través de inversiones en obras públicas, que generan empleo temporal. Y segundo, ayudas sociales para aquellos parados que agoten sus prestaciones por desempleo, con la nueva paga de 420 euros, ampliada ahora a 700.000 personas.
Unas y otras medidas son muy importantes. Sin embargo, su coste tiene un efecto demoledor sobre el déficit público, que ya se acerca peligrosamente al 10% del PIB. Por eso, es imprescindible ponerles cordura. En este sentido, la rocambolesca cesión del Gobierno ante los sindicatos y la oposición en el caso de la paga de los parados no es un buen precedente. Cierto que es políticamente complicado defender que haya parados sin esa ayuda simplemente por la fecha en que han dejado de cobrar el desempleo; pero tampoco es aceptable que se convierta en un derecho ilimitado. Y menos, si la decisión se adopta para asegurarse apoyos a los Presupuestos.
Más preocupante aún es el empecinamiento del Gobierno en que sólo se volverá a crear empleo cuando la economía dé síntomas de mejoría. Eso es evidente. Los empresarios contratarán más trabajadores si tienen el convencimiento de que hay una demanda que satisfacer. Pero el Gobierno tiene la obligación de ser un catalizador de la actividad, y no limitarse a aplicar cataplasmas. La economía española adolece de muchas rigideces que lastran la recuperación y la dejan rezagada ante socios como Alemania, Francia o Italia.
José Luis Rodríguez Zapatero ya ha anunciado una batería de reformas con el objetivo de hacer más eficiente la economía. Van con retraso. Y teniendo en cuenta que la mayoría tardarán tiempo en implementarse, es de temer que no contribuirán con toda su fuerza a salir de la recesión. Esa es la gran tarea pendiente.
Es previsible que la economía española mejore empujada por el tirón de los países del entorno, que ya están empezando a ver luz al final del túnel. No en vano son los principales clientes de España. Pero si el Gobierno sigue sin aceptar la urgencia de algunas reformas, especialmente la del mercado laboral, esa mejora será sólo un nuevo parche en el futuro del país. Es un grave error, y un imperdonable anacronismo, no saber hacer compatibles los derechos sociales de los trabajadores -estén o no en activo- con un marco práctico que facilite que las empresas puedan dar más empleo a los ciudadanos.