EDITORIAL

El Gobierno vuelve a improvisar

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer, en una rueda de prensa convocada de forma sorpresiva en Lanzarote, que está dispuesto a modificar el nuevo subsidio de 420 euros a los desempleados. Aunque no matizó cuáles serán las variaciones, dejó entrever que se podría aumentar el plazo a partir del cual los parados tienen derecho a la nueva paga. De momento, está limitado a quienes se hayan quedado sin prestación o subsidio desde el pasado 1 de agosto.

Todo apunta a que el principal objetivo del Gobierno con este anuncio urgente es apaciguar las críticas recibidas desde la oposición y desde los sindicatos -con éstos últimos se reunirá para negociar los cambios-, pero también el malestar social expresado desde este lunes en las oficinas de empleo por los parados que han descubierto que se quedan fuera de las ayudas.

Siempre es de agradecer que la Administración intente enmendar los errores que comete. Sin embargo, el desconcierto desatado por la pobre información difundida desde el Ejecutivo -parece exagerado hablar de "caos"- es una muestra de improvisación. Y, desgraciadamente, se asemeja demasiado a otros casos recientes. Sin ir más lejos, el desbarajuste para implantar las ayudas 2.000E a la compra de coches.

Hay improvisación y, como en aquella ocasión, precipitación. Se ha pretendido empezar a distribuir las nuevas ayudas a los desempleados con las oficinas del paro bajo mínimos, los cursos de formación sin preparar y una deficiente explicación a los ciudadanos. Todo ello parece que va a desencadenar un retraso en el inicio de la paga.

Al igual que con la ayuda al automóvil, la medida exige la participación de las comunidades autónomas, pero el Gobierno no ha pactado previamente con ellas. Zapatero anunció ayer para el 26 de agosto una reunión con las consejerías de trabajo de las que dependen los servicios públicos de empleo. Estas serán las responsables de impartir los cursos que, teóricamente, deben recibir los parados que quieran acceder a los 420 euros. Sin embargo, en este ejercicio de confusión, hoy ya no está claro si deberán asistir a procesos formativos o simplemente tendrán que demostrar que buscan activamente empleo.

En definitiva, una medida que aliviará problemas a muchas familias y debe contribuir a una mejora de la formación de parados de larga duración, y que por tanto debe ser considerada positivamente, nace empañada. Pero el Ejecutivo se equivoca si el motivo de fondo que lo mueve a cambiar los criterios es que se difumine el rédito político de una medida de calado social por las críticas de aquellos a quienes pretende ayudar. Rectificar es de sabios, pero gobernar a golpe de impulsos no es una buena señal.