La Xunta tumba el concurso eólico que aprobó el Gobierno de Touriño
La Xunta de Galicia anulará hoy el mayor concurso público eólico convocado en Europa, por el que se adjudicaron 2.290 MW. El Gobierno gallego estimó que presenta "tachas graves de ilegalidad" y anunció una nueva ley de aprovechamiento eólico en la comunidad.
La Xunta de Galicia anulará hoy las concesiones de parques eólicos otorgadas mediante concurso público por el anterior Ejecutivo (PSOE-BNG), el mayor de estas características convocado jamás en Europa y que contemplaba la inversión de 5.000 millones.
El actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya había advertido tanto en la tramitación del concurso como en las pasadas elecciones gallegas que revisaría el concurso de acceder al gobierno. El consejero de Economía de la Xunta, Javier Guerra, explicó ayer que su anulación se deba a "tachas graves de legalidad", basándose en informes jurídicos.
El consejero, acompañado en rueda de prensa por el responsable de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, explicó que propondrá hoy al Consello semanal "la suspensión expresa y posterior desestimiento" del concurso eólico.
Amancio Ortega y Manuel Jove quedaron fuera del anterior concurso
Además, presentará "un anteproyecto de Ley" que dotará de "un nuevo marco legal seguro al sector con el objetivo de que Galicia recupere su posición de privilegio en materia eólica".
El proyecto prevé la creación de un canon eólico medioambiental que grave el número de aerogeneradores integrados en cada parque, con el que se prevén recaudar 30 millones de euros anuales, y un fondo ambiental, destinado a los municipios afectados por la instalación de parques eólicos.
El concurso eólico gallego se resolvió el pasado 26 de diciembre, adjudicando 2.290 megavatios (MW) a 29 grupos empresariales. El interés por el proceso en el sector fue máximo: se presentaron 948 ofertas, que sumaban 30.500 MW.
En el reparto los más favorecidos fueron empresas de sectores productivos gallegos como conserveras o cooperativas lácteas, junto a sus socios energéticos. Iberdrola, Unión Fenosa, Enhol, Gas Natural y Banco Pastor presentaron entonces escritos de recurso ante la Consejería de Industria y ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Ortega, Jove y Rey
Fuera del anterior concurso quedaron algunos de los mayores empresarios gallegos, entre ellos Amancio Ortega, fundador de Inditex, y Manuel Jove, presidente de Inveravante. Este último fue quien más ofertas presentó para instalar molinos de viento (57 parques eólicos en total) incluyendo una propuesta para el traslado de la fábrica de Ence en Pontevedra.
Amancio Ortega participa en el accionariado de la energética Capital Energy que se presentó al anterior concurso con una oferta por 739 MW y la instalación de 19 parques eólicos. Fuentes cercanas a los dos empresarios coincidieron ayer en declarar a este diario que esperarán a ver cómo se resuelve el concurso.
Entre los empresarios gallegos beneficiados por el anterior concurso estaba Jacinto Rey, presidente de San José. El grupo se presentó a través de la sociedad Enerxías Renovables de Galicia que resultó adjudicataria de 142 MW, el 6% de la potencia total adjudicada (el octavo grupo empresarial por potencia concedida) y que preveía invertir en el proceso 200 millones.
La compañía indicó a CincoDías que es aun pronto para tomar decisiones aunque aseguraron que de no efectuarse las inversiones previstas su facturación al cabo del año no se resentirá mucho. "Al margen de la importancia que la adjudicación en el concurso eólico de Galicia tiene para el Grupo San José, quien defenderá los derechos inherentes a esta adjudicación, la anulación del concurso no afectará a la fortaleza del Plan Estratégico de Energía y Medio Ambiente".
Un medio de adjudicación 'ilegal'
El informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta afirma, según explicó ayer el responsable de Industria, que el decreto que convocó el concurso vulnera el artículo 38 de la Constitución Española, que consagra la libertad de empresa, porque imponía como requisito para conceder el parque que se desarrollara un plan tecnológico o industrial en Galicia o que se diera una participación a la Xunta en la sociedad. Es esta participación pública lo que vulnera, en su opinión, el artículo de la Constitución. La asesoría legal también señala que el decreto vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica porque "no exige garantía de ejecución" para los proyectos industriales asociados a los parques "ni establece plazos de construcción" ni establece "las consecuencias del incumplimiento de los compromisos".Tahoces también avanzó que el concurso es contrario a la Ley del Sector Eléctrico que liberaliza el sector y establece el principio de libertad de instalación. De hecho, el pasado mes de abril, la Comisión Nacional de la Energía publicó un informe sobre el decreto cántabro de instalación de parques eólicos en el que "sugiere que se modifique" la adjudicación de potencia eólica "únicamente" por concurso eólico porque supone transformar un régimen de autorización administrativa, que es lo que establece la ley, por otro "cuasi-concesional" para el que las comunidades autónomas no son competentes.
Las cifras
2.290 MW de potencia eólica de instalación contemplaba el anterior concurso.200 millones preveía invertir el grupo San José, adjudicatario en el concurso.29 grupos empresariales resultaron adjudicados el pasado mes de diciembre.