Un plan creíble de vuelta al equilibrio fiscal
El Estado gastó en los seis primeros meses del año 83.171 millones de euros, casi el doble de lo que ingresó (46.352 millones), y acumula un déficit de 36.819 millones de euros, un 3,5% del PIB. En los últimos doce meses, las cuentas públicas estatales han pasado de los números negros a un saldo negativo de 53.500 millones de euros, y el superávit primario que define a las finanzas saneadas se ha convertido en un déficit de casi el 3% del PIB. Cualquiera que echase hoy un vistazo a estas cuentas llegaría a la conclusión de que la economía española atraviesa una dura crisis, con un ajuste severo en las bases imponibles de todos los impuestos, a juzgar por los descensos en sus aportaciones (IRPF, Sociedades, IVA, etc.). No se trata de una situación anormal, sino de una radiografía replicada en todas las economías occidentales, que han tenido que combatir la crisis financiera primero y el severo ajuste en la demanda interna después.
Pero tampoco sería una situación normal si se perpetuase el perfil que tienen ahora los ingresos y los pagos públicos, con anemia lacerante los primeros y bulimia enfermiza los segundos. Pasados los rigores más duros de la recesión, los números del Estado deben marcar una tendencia explícita y creíble hacia el equilibrio para devolver la imagen de rigor fiscal exigible a toda economía que da preponderancia a la iniciativa privada. Pocos analistas consideran viable la senda diseñada para el presupuesto español por el Gobierno, por considerar que los componentes cíclicos, tanto los de los ingresos como los de los gastos, tardarán bastantes años en recuperarse. Seguramente sin modificaciones en los programas de gasto y en los impuestos será más difícil conseguirlo. En todo caso, las modificaciones que se apliquen a las cuentas del Estado deberían afectar a todas las cuentas del gasto y de los ingresos, para que el reparto de los sacrificios fuese equilibrado y compartido.
Además, algunas variables del gasto tendrán una evolución natural más abultada de lo esperado, sobre todo las ligadas a la protección social, tanto de la vejez como del desempleo. Son precisas reformas para trasladar a la sociedad la confianza de que los modelos son sostenibles y a los mercados la verificación de que son financiables.
Al lado de decisiones estructurales que proporcionen estabilidad económica y confianza a los mercados, el Gobierno no puede soslayar otras de carácter más inmediato y coyuntural que contribuyan a controlar la deriva del déficit y que supongan una señal de sacrificio compartido a los contribuyentes a los que ya se les está exigiendo una mayor aportación fiscal. Los sueldos de los funcionarios, cuando su patrón gasta el doble de lo que ingresa y la economía ha destruido empleo en doce meses en cantidad equivalente a la mitad de la plantilla de la función pública, no pueden subir un 5,6% como lo han hecho este año.