El Banco de España detecta infracciones muy graves en la gestión de CCM
El Banco de España propone que Caja Castilla-La Mancha (CCM) y su ex Consejo de Administración sean sancionados por dos faltas "muy graves", además de otra grave, así como importantes sanciones e inhabilitaciones de hasta diez años para sus ex consejeros debido a deficiencias en cuanto a su política de gestión, inversión y concesión de créditos.
Las faltas calificadas como "muy graves" pueden suponer la "revocación" para que una entidad pueda operar, si bien fuentes financieras destacaron que el Banco de España intervino la entidad para garantizar su gestión de futuro.
En abril, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró que el objetivo es administrar la caja "el menor tiempo posible para buscar una salida ordenada" y destacó que con la intervención la entidad ha podido "seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones y compromisos".
En su pliego de cargos contra los de antiguos consejeros, el organismo aprecia una "clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos para el control interno de las actuaciones inversoras, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración". Además, CCM carecía de unas líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes.
Respecto al ex presidente del Consejo de Administración Juan Pedro Hernández Moltó, el pliego de cargos recoge que a pesar de que no tenía funciones ejecutivas propias ni delegadas por el Consejo, "se integra de facto en el comité de dirección, asistiendo a todas sus reuniones y además, realiza funciones de gestión directa con los ejecutivos de la entidad, con los que se reunía de forma frecuente".
Todo ello pone de manifiesto que la estructura organizativa de la entidad se había apartado de las líneas de responsabilidad definidas en sus estatutos y que el ex presidente "se ha extralimitado en las funciones que le correspondían".
Respecto a la Comisión de Inversiones, cuyo objeto es informar al Consejo sobre la viabilidad financiera y adecuación a los presupuestos y planes estratégicos, se pone de manifiesto que los tres miembros de esta comisión eran también miembros de órganos de administración de sociedad participadas por CCM.
El hecho de que José Fernando Sánchez Bódalo, Tomás Martín-Peñato e Ismael Cardo Castillejo compatibilizaran estas responsabilidades "no es congruente con el grado de independencia" que debería tener el órgano de control de las inversiones de CCM, más si se tiene en cuenta que dichos miembros perciben, a su vez, dietas por su participación en los Consejos de Administración de las participadas.
Ha detectado "importantes deficiencias" en los mecanismos de control interno de inversión y en el procedimiento de decisión de inversiones y desinversiones estratégicas, así como en concesiones de créditos y asunción de riesgos.
Cita como ejemplo la ampliación de la participación de CCM en el Aeropuerto de Ciudad Real, del 25% al 37,6%, sin que hubiera informe de la Comisión de Inversiones, caso similar a lo ocurrido con inmobiliarias como 'Centrum', 'Lohtse Desarrollos Inmobiliarios'.
En casos como Metrovacesa el Consejo no se dio por informado de la OPA parcial a la que acudió la caja y respecto a otras inmobiliarias no se informó al consejo de CCM Corporación ni al de la entidad y tampoco hubo informe de la Comisión de Inversiones.
Estas decisiones han afectado a la situación económica y patrimonial de la caja, pues ha habido deterioro en el valor de los activos de 35 de las 45 sociedades participadas por un total de 417,2 millones de euros, con un impacto de 221,9 millones en la cuenta del resultados del grupo.
Todo ello, podría constituir una infracción "muy grave".
Respecto de los órganos de seguimiento del riesgo, el pliego de cargos abierto señala que existe una carencia de medios humanos dedicados a esta función, una deficiencia que se acentúa -afirma el informe- en la actividad inmobiliaria, ya que no se ha realizado un trabajo sistemático de control de las promociones, suelos y certificaciones de obra.
El organismo detecta, asimismo, un exceso en los límites de grandes riesgos en empresas del propio grupo (270 millones de euros, el 37,6% de los recursos propios de CCM) o los contraídos con entidades vinculadas a la Junta (casi 279 millones, el 37,17% de los recursos propios), lo que podría conllevar una infracción grave.
Además, la Caja no disponía de recursos propios mínimos a diciembre de 2008 y los remitidos por la entidad en marzo de 2009 no habían tenido en cuenta los ajustes requeridos por la inspección del Banco de España, situándose su coeficiente de solvencia en el 1,23% frente al 8% exigible y un déficit porcentual cercano al 85%.
Estos hechos podrían ser constitutivos de una infracción "muy grave", lo que podría derivar en la "revocación de la autorización de la entidad" por parte del ministerio de Economía, además de una multa a CCM del 1% de sus recursos propios o de hasta 300.000 euros si el porcentaje fuera inferior a esa cifra.
Para los miembros del Consejo se establecen para las infracciones muy graves multas de hasta 150.000 euros para cada uno de ellos, inhabilitación para ejercer cargos similares en otras entidades por un periodo de hasta diez años, mientras que por falta grave se establecen 90.000 euros e inhabilitación de hasta un año.
Los ex-consejeros recurrirán los cargos
Ex miembros del consejo de administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) consultados por Europa Press adelantaron hoy que recurrirán los cargos que el Banco de España les imputa en el pliego que concluye parte del expediente administrativo abierto contra una veintena de representantes de los órganos de la caja, tras la intervención de la entidad por parte del Banco de España.Según apuntaron, una vez formulados estos cargos, que incluyen un conjunto de infracciones en la gestión de CCM por determinadas operaciones realizadas en la entidad, según publica hoy el diario El Mundo, se presentarán las pertinentes alegaciones. Tras ello, el Banco de España dará a conocer los cargos individuales contra cada uno de ellos, que también serán recurridos por ex miembros del consejo de administración de CCM, adelantaron.Los ex consejeros consideran que las conclusiones del pliego de cargos del Banco de España no presentan diferencias con el análisis que este organismo realizó de la situación de la caja tras cumplirse un mes de la intervención.Además, recuerdan que la Asamblea General que la entidad celebró el pasado 26 de junio de Cuenca aclaró que el consejo de administración no aprobó en su momento la cuentas anteriores que se dieron a conocer a la opinión pública, ya que "era un documento con el que trabajaba la entidad" pero que se filtró a través de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y "nunca fue aprobado por el consejo", según señalaron a Europa Press.ResponsabilidadesPor ello, consideran que si la asamblea no puso ningún reparo en dejar clara la actuación de los ex consejeros, no existen por tanto indicios para tachar de negligente su acción pasada. No obstante, muchos de ellos manifestaron que asumirán las responsabilidades que de este procedimiento se deriven, pero que llevarán a cabo todos los recursos posibles para defenderse de tales cargos.Los que fueran miembros del consejo de CCM se reunieron a finales de mayo para estudiar acudir a la vía judicial, tras el rechazo por parte del Ministerio de Economía y Hacienda del recurso de alzada que presentaron para solicitar que se anulara su destitución en la caja. En opinión de los ex consejeros consultados, el recurso de alzada fue rechazado porque en él no se cuestionaba la intervención del Banco de España, por lo que éste "es soberano para hacerlo cómo quiera".En el recurso de alzada que presentaron ante el Ministerio de Economía y Hacienda, pedían a la vicepresidenta segunda del Gobierno para Asuntos Económicos, Elena Salgado, con la intención de defender su gestión al frente de la caja, que anulase la resolución por la que fueron cesados.El recurso se presentó "de forma mancomunada", a pesar de que la Comisión del Banco de España decidió no expedientar a Angel Nicolás, Francisco Galán Polo y Emilio Loriente, al ser nombrados miembros del consejo poco antes de la intervención.Días antes, el Banco de España había decidido abrir un expediente sancionador a una veintena de ex consejeros que formaron parte del consejo de administración de la entidad castellano-manchega entre 2005 y 2008, expediente que ha dado lugar lugar al pliego de cargos conocido hoy que tiene fecha del pasado 20 de julio.